Síntomas de inestabilidad en las fuerzas armadas portuguesas

Mientras la prensa portuguesa continúa interrogándose sobre el alcance de la difícil victoria de Mario Soares y de las posiciones asumidas por los distintos partidos durante el debate presupuestario, la situación existente en los medios militares vuelve a alimentar comentarios y preocupaciones.

El general Morais e Silva ha presentado su dimisión como jefe de estado mayor de la Fuerza Aérea. El Consejo de la Revolución ha confirmado ahora oficialmente la noticia lanzada hace varias semanas por la prensa en medio de numerosas especulaciones.Al abandonar sus funciones, Morais e Silva pierde su asiento en el Consejo, aunque se rumorea que podría ocuparlo de nuevo por elección de la Fuerza Aérea (que dispone de tres representantes) y en sustitución del comandante aviador Canto e Castro, sometido a una investigación a causa de sus supuestos contactos extraoficiales con el dirigente angolano Holden Roberto.

También se considera la posibilidad de que otro consejero de la revolución de la Fuerza Aérea el comandante Costa Neves, señalado como miembro del grupo de los nueve o meloantunista, estaría dispuesto a renunciar a su cargo. Con la completa renovación de la representación de la Fuerza Aérea, tendría lugar una modificación de la relación de fuerzas, en el seno del Consejo hasta ahora calificada de favorable a la «izquierda» identificada con la figura de Melo Antunes.

Pero los especialistas en la materia atribuyen a la dimisión de Morais e Silva -que ha sido sustituido por el general Lemos Ferreira- un alcance, mucho más profundo comentado ya con en tusiasmo por los sectores conservadores de la prensa. Al pronunciarse, por ejemplo, por la vuelta a las promociones a la escala cerrada, la Fuerza Aérea ejercería una presión muy fuerte sobre el ejército en el sentido del restablecimiento de la jerarquía tradicional. Conviene recordar que por el papel predominante desempeñado por los oficiales del ejército es en el movimiento de «capitanes» donde se encuentra el mayor número de oficiales promovidos por méritos revolucionarios. En este caso se encuentran el actual jefe del estado mayor del ejército, Rocha Vieira y el gobernador militar y jefe de la región militar de Lisboa, Vasco Lourenço. Es preciso anotar también que estas dos personalidades han sido frecuentemente hostilizadas, en los últimos tiempos, por la derecha civil y militar. El primero, por tener acerca de la reestructuración del ejército, en fase de estudio adelantado, ideas que no coinciden con las concepciones de los sectores conservadores: el segundo por expresar, con facilidad y en público, consideraciones tachadas de subversivas.

La «operación Morais e Silva» sería en este contexto, una pieza de un juego más vasto, destinado a provocar la caída de los meloantunistas.

Algunos van más lejos aún en las especulaciones, y hablan de una maniobra envolvente, destinada a «controlar» al propio presidente Eanes. Y que tendría sus puntos de apoyo y sus fuentes de inspiración en fuerzas políticas nacionales e internacionales y en órganos milítares supranacionales.

Otra noticia ha venido a reforzar el sentimiento de preocupación manifestado por amplios sectores de la opinión pública: los oficiales cuyos nombres figuran en el informe, recién publicado, de la comisión que investigó sobre supuestos malos tratos infligidos a presos, sometidos al fuero militar después del 25 de abril de 1974, serán juzgados por los consejos superiores de disciplina de los tres ejércitos, a petición de los respectivos jefes de estado mayor.

Esta era la intención declarada del presidente Eanes, en cuya opinión un oficial debe, como la mujer de César, estar por encima de toda sospecha. Los propios interesados que proclaman su inocencia han pedido reiteradamente el poder demostrarla públicamente ante un tribunal.

Ahora, la fórmula escogida no parece a la izquierda la más indicada. El código de disciplina militar a la luz del cual se va a aquilatar el valor moral y profesional de estos oficiales -elaborado en la época de Salazar- fue blanco de muchas críticas, ya antes de la propia revolución. Porque violaría, en numerosos artículos, los derechos otorgados a todo ciudadano portugués por la nueva constitución política.