Buena acogida a las medidas del Gobierno sobre Canarias

Todo parece indicar, a raíz del último Consejo de Ministros, casi monográfico sobre Canarias, que la Administración central va a trazar en el futuro una política diferente con respecto al archipiélago. Y no es que la opinión pública de las islas se haya quedado plenamente satisfecha con el primer paquete de medidas -algunas son actuaciones concretas a iniciar- sino que por primera vez se le da a Canarias el tratamiento que merece teniendo en cuenta el carácter africano de su geografía, la profunda crisis económica que atraviesa y la situación de aislamiento en que se encuentra tras la descolonización del Sahara.

Todos estos factores implican la necesidad de una consideración diferente a la política general del país, y esto parece que lo ha comprendido el Gabinete de Adolfo Suárez, cosa que no ha ocurrido con los anteriores.De momento puede decirse -en esto ha coincidido la prensa isleña- que los responsables de las corporaciones canarias han sido, al menos, escuchados en Madrid. Lo que hace falta ahora es que el Gobierno haga cumplir a los organismos competentes de la Administración central los comoromisos contraídos y pomposamente dados a la publicidad.

De los asuntos aprobados por el Consejo de Ministros hay que distinguir las medidas que son meras promesas de estudios y las relativas a disposiciones de ayudas concretas y de materialización a plazos medio, corto y largo. Aquellas sólo dan pie a suponer en el Gobierno espíritu de buena voluntad en la comprensión de los problemas de Canarias, mientras que estas otras permiten una mayor confianza en cuanto a su grado de cumplimiento.

Refiriéndonos solamente a los asuntos aprobados para la provincia, de Las Palmas, nos encontramos con que al menos siete de ellos son anuncios de redacción de estudios o proyectos todos por otra parte, en el seno de las corporaciones locales insulares para cubrir necesidades largo tienopo sentidas. En algún caso. el proyecto se encuentra practicamente ultimado por la corporación local o insular, que lo promovió, en su día, como sucede por citar un ejemplo con el plan de refuglos pesqueros. La elaboración de este proyecto ha sido declarada de urgencia por el Consejo de Ministros cuando la verdad es que en las ofícinas técnicas del Cabildo Insular de Gran Canaria, ya está ultimado desde hace unos meses al estudio pertinente. Suponemos que lo que hará el Gobierno será asumir de inmediato las responsabilidades de colaborar en la construcción de los refugios, pues no parece que sca preciso dedicar más tiempo a un asunto que se halla suficiente maduro para su ejecución.

La redacción por otro lado, del proyecto para el puerto de Agaeta, destinado a servir de estacion de enlaces para el tráfico de ferrys con Tenerife, no es tampoco una medida novedosa, aunque ello, por supuesto, no resta trascendencia a la decisión adoptada por el Gobierno. Otro tanto, cabría decir del estudio sobre la modificación arancelaria.

En cuanto a la comisión interministerial del agua, que integrada por los presidentes de ambas nacionalidades de Cabildos y representantes de los ministerios de Gobernación. Justicia, Obras Públicas y Agricultura, estudiará la creación de una comisión de ámbito nos parece una medida que regule la política hidráulica nos parece una medida que por lo complejo del tema que va a abordar difícilmente dará fruto a largo plazo.

Más complicado sería lograr una coordinación de la política sanitaría en el archipiélago a través de ese estudio que deberán abordar conjuntamente los Ministerios de Gobernación y Trabajo, pues no parece aventurado señalar que se precisaría primero la existencia de una coordinación a nivel nacional de la política sanitaria.