La Diputación debe 6.900 millones de pesetas
En el pleno de la Diputación Provincial se presentó por primera vez un informe económico completo sobre la situación económica de este organismo. En síntesis, el informe cifra en 5.500 millones de pesetas la deuda de la Diputación respecto al Banco de Crédito Local, que se verá incrementada en los próximos meses en 1.300 millones más. Un total de casi 6.900 millones, lo que representa una cantidad muy cercana al tope de sus posibilidades crediticias.
La situación fue calificada por el señor Martínez Emperador como preocupante, aunque no peligrosa, dado que el próximo año el presupuesto total de la Diputación aumentará en unos ochocientos millones más, lo que hará disminuir la relación entre esos 6.900 millones y el presupuesto total. La cantidad anual que hay que destinar a intereses y amortaciones ronda los setecientos millones de pesetas.Al terminar el pleno, el dipuputado señor Matos agradeció públicamente al presidente el haber proporcionado éstos datos. Después, ante la extrañeza de algunos informadores, aclaró que no es que anteriormente los diputados no conocieran el estado interno de la corporación, sino que era la primera vez que se facilitaba en un pleno público.
Protestas
También posiblemente por primera vez un grupo de funcionarios inició una tímida protesta en voz alta cuando el secretario dio lectura a un punto que les afectaba. Las voces fueron cortadas de raíz por una alusión del presidente a un posible desalojo de la sala. El punto en cuestión, que fue dejado sobre la mesa a ruego de un diputado, trataba de la aplicación de una retribución suplementaria al personal de secretaría de los puestos directivos aprobada por la Administración Local en 1973.Al acabar el acto uno de los funcionarios explicó que esta retribución, que debía favorecer a todo el personal de la Diputación, se había aplicado por ahora solamente a los del cuerpo técnico, justamente los mejor pagados normalmente. Ahora se quería ampliar a las secretarías de los altos cargos, pero los funcionarios «de a pie» siguen sin verse beneficiados.
Por su parte, también el personal auxiliar de la residencia de ancianos acudió al pleno. Durante el mismo se dio cuenta de la resolución de la Dirección General del Trabajo, por la que las relaciones laborales de estos trabajadores pasan por el Sindicato de Hostelería. (Hasta ahora estaban en el de Actividades Diversas.) Y los trabajadores expusieron luego que una residencia no es un hotel, y que sus tareas incluyen la asistencia a los enfermos y residentes delicados, aunque tampoco se pueda considerar un hospital. Tampoco están de acuerdo con que todos los trámites con el Sindicato de Hostelería se hayan llevado sin consultarles en nada. La coordinadora del personal de las ciudades de ancianos se dirigió al salir del pleno al Ministerio de Trabajo, donde sólo les dijeron que era mejor estar en Hostelería que en Actividades Diversas, y que enviaran un escrito al director de Trabajo, solicitando la reconsideración de la resolución y que se dicte una ordenanza laboral propia para este sector.
Obras aprobadas
En el pleno se aprobaron diversas obras y adjudicaciones de material médico para las ciudades provinciales, por valor de casi cuarenta millones de pesetas.Asimismo, se aprobaron proyectos de captación de aguas, construcción de presas, alcantarillado y pavimentación y otros servicios en varios pueblos de la provincia por valor de unos ochenta millones.
Al finalizar el pleno, el diputado señor Castellanos pidió que el control estricto de los gastos que ha recomendado el presidente no signifique un recorte en la ejecución de los planes provinciales de construcción de escuelas e instalaciones deportivas, «que han estado desatendidas desde hace muchos años».
