Suspendida una conferencia sobre la problemática de Aragón

El Gobierno Civil de Zaragoza ha prohibido expresamente la conferencia que iba a tener lugar ayer tarde en la facultad de Filosofía y Letras bajo el tema de La problemática de Aragón y en la que iban a intervenir como oradores Vicente Cazcaría, Enrique Gastón y Fidel Ibáñez, miembros del Partido Comunista de España. Sobre este tema los tres han dirigido una carta a los medios de información de Zaragoza, manifestando su protesta por la prohibición. «Sorprende el hecho -dicen- por tratarse de un acto dentro de la Universidad y autorizado por las autoridades académicas. Sorprende también porque la conferencia estaba programada dentro de un ciclo en el que ya habían tomado parte intelectuales y políticos de otras tendencias».Por otra parte, los próximos días 25, 26 y 27 tendrán lugar las terceras jornadas de la comunidad general de Aragón, que como en los dos años anteriores vienen siendo convocadas por las tres diputaciones provinciales aragonesas con el objeto de constituir las bases de funcionamiento para la futura mancomunidad regional de obras y servicios, que está en proyecto desde finales de 1973. En esta ocasión las jornadas van a confluir en la celebración de dos, plenos, a los que asistirán los diputados de las corporaciones de Huesca. Teruel y Zaragoza. En el primero de ellos se abordarán los temas relativos a los fines específicos de dicha comunidad, como son la asistencia siquiátrica común, la documentación regional, los estudios geológicos y de subsuelo de Aragón y otros planes de infraestructura regional.

Respecto al segundo de los plenos de la comunidad general de Aragón. hasta el momento no se ha esoecificado el contenido del orden del día, aunque sí se ha señalado que éste versará sobre un tema de interés regional. A este respecto se especula con la posibilidad de que en este segundo pleno de los diputados aborden cuestiones relacionadas con el plan de ordenación territorial de la región recientemente aprobado por el Ministerio de la Vivienda, a través de un real decreto publicado en el Boletín Oficial. Y cuyo contenido ha despertado una viva pólémica entre las diputaciones.