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Tribuna:

¿Cambio en la Política de regadíos?

Las últimas disposiciones sobre regadíos aparecidas en el Boletín Oficial del Estado requieren ser contempladas, dada su trascendencia, desde una perspectiva histórica y con óptica diferente a la que se viene aplicando a disposiciones de esta índole. Ello se debe a que, en síntesis, el actual equipo de Agricultura ha considerado, y así lo refleja el decreto aparecido en el B. 0. E. del pasado día 5 , que la iniciativa privada debe ser el motor de las futuras transformaciones en regadío que, consecuentemente, debe ir perdiendo importancia, al menos relativa, la acción del Estado. A tal fin se articulan toda una serie de vías crediticias y otras medidas de distinta índole. Dejando para otra ocasión el comentario sobre los mecanismo utiIizados para financiar la operación -que presentan aspectos francamente loables, junto a detalles desafortunados-, conviene centrarse ahora en el cambio de filosofía que representa la citada disposición legal. Para aplicar una perspectiva histórica a la cuestión, hay que remontarse a Joaquín Costa y demás regeneracionistas, aclarando previamente que antes del surgimiento de esta escuela poskrausista, el interés privado era el unico que regía los temas del regadío lo que dada la obra que se tenía por delante, originaba unos ritmos de transformación a todas luces lento y no acordes con las necesidades de la España de mediados y finales de siglo XIX. Las teorías de Costa y su escuela ponen en tela de juicio esta situación al plantear, allí donde fuera preciso, que no se puede hablar de regadío sino de Política Hidraúlica» y que sin una intervención enérgica del Estado en el tema de las aguas y de la transformación en regadío difícilmente se lograría objetivo alguno. Es decir, se le daba al tema del regadío una dimensión mayor, al englobarlo en el tema general del uso de las aguas, los recursos naturales, y se argumentaba que los problemas con que se enfrentaban las zonas susceptibles de transformación y colonización no se solucionarían si se dejaba toda la capacidad de decisión en manos de los particulares.

Es así como, debido a la gran influencia política e ideológica de los regeneracionistas, en el año 1911 el Estado asume un papel decisivo en la política hidraúlica a través de la ley de Grandes regadíos, papel que se reforzando en el tiempo, hasta alcanzar su cota máxima en la inmediata posguerra con la creación del Instituto Nacional de Colonización, en el año 1939. El Estado pasa a ser en la práctica el únicco protagonista en la acción sobre el regadío, aunque se concedieran ciertas ayudas a una hipotética inicativa privada.Fue tal la importancia social y política que las autoridades agrarias de los años cuarenta concedieron a estos temas, que puede afirmarse que las únicas bases en que se ha fundamentado la pretendida reforma agraria durante el período franquista han sido las políticas de regadíos y colonización realizadas a través del INC, transformado posteriormente en el actual IRYDA. No se va a enjuiciar aquí si el ritmo de transformaciones y el coste de las correspondientes expropiaciones previas ha sido el idóneo o si, por el contrario, podría haber sido más rápido y eficaz, pues en aras de lo que ahora interesa es suficiente aceptar que han sido estas acciones las únicas con cierto carácter social y el único tema en el que la expropiación ha, estado de alguna forma latente durante los últimos cuarenta años.

Es tras este esbozo recordatorio, que es posible referirse a las recientes disposiciones a que se aludía al principio de este comentario. No se puede negar que la implicación directa del empresario privado en la transformación en regadío va a conseguir una cosa muy simple: que se riegue. Esta afirmación puede parecer gratuita, pero si se contara con un estudio real y público de cuál ha sido la eficacia de los grandes planes (datos que imagino sí tendrán los actuales responsables de la política agraria), es posible que se pudiera demostrar que, desde una óptica de rentabilidad inmediata del capital a invertir en regadíos, la implicación de los intereses privados puede ser más eficaz que los colosales planes de colonización emprendidos en los últimos decenios. Pero la cuestión no es tan simple, por varios motivos.Primero, porque de alguna forma, y pese a todas las limitaciones, el nuevo enfoque de la política de regadíos supone abandonar la única referencia, por muy lejana que fuera, al tema de la reforma agraria. En estos momentos, en España no queda una sola línea de acción -al menos de las que se aplican habitualmente- que roce cuestión alguna de expropiación e inversión directa del Estado en la fase de producción.

Segundo, porque es muy difícil que sea posible compaginar las dos líneas de actuación -privada y pública-, una vez concluidos los grandes planes actualmente en marcha, puesto que los créditos que se articulan son lo suficientemente atractivos para que haya demandantes de sobra dispuestos a agotar los fondos que se ofrezcan, encauzándose así los recursos disponibles a una de las dos líneas citadas. Además, lo más lógico es que los particulares piensen en transformar las zonas óptimas más próximas a las actuales en regadío (criterio que, por cierto, podría haberse planteado la Administración hace más de diez años, vistos los primeros resultados de la gran obra colonizadora), quedando a cargo del Estado las transformaciones de las zonas desérticas y más duras. Dado el coste de oportunidad que tiene hoy el agua, mucho más elevado que en -tiempos de Costa, tal empresa, no parece aconsejable.

Así pues, si los nuevos regadíos van a ser de iniciativa privada (imagino que se habrá considerado que el, número de presas y canales es suficiente, pues si no es así habrá que coincidir con Costa en que difícil será que los particulares emprendan labor de semejante magnitud), al Estado le queda un papel que desempeñar y es la mejora sustancial del regadío que se había transformado hasta 1976. Si se considera -cosa probable- que esto último debe acometerse también por la iniciativa privada, entonces el papel del Estado seria finalizar las grandes obras iniciadas y ponerse a pensar en qué forma y por qué procedimiento van a sustituir lo que, cara al exterior, constituía nuestra única vía a la reforma agraria.Si la nueva línea prospera, se puede concluir diciendo que acaba de cerrarse un largo período de casi 75 años de política de regadíos bajo la tutela del Estado y que se retorna ala situación de 1900. Dado que las condiciones generales de la agricultura son distintas y el número de hectáreas transformadas es mucho más elevado que a principios de siglo, es posible que el plan salga adelante. En cualquier caso, parece que los actuales rectores de la política agraria confían más en la dinámica del empresario que en la meditación, estudio y análisis supuestamente serios y profundos de la propia Administración.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de noviembre de 1976