Panamá, en la hora de la transición USA

«Nos comprometemos a apoyar un tratado sobre el canal de Panamá que asegure los intereses de Estados Unidos en esta vía de agua, reconozca los principios ya convenidos, tenga en cuenta los intereses de la mano de obra del canal obtenga un y amplio apoyo hemisférico.» Esta declaración forma parte del programa de política exterior elaborado por la plataforma del Partido Demócrata, y Carter deberá tener en cuenta su espíritu, si no su letra, cuando tome posesión, en enero, de la Casa Blanca.El tema del canal de Panamá crece cada día en importancia, dentro y fuera de los Estados Unidos. Un informe aparecido esta semana en el influyente diario conservador de Boston The Christian Science Monitor califica el tema del canal como «el más urgente del hemisferio para la Administración Carter», mientras en Washington, un órgano tan conservador como la Conferencia Episcopal ha pedido al Gobierno norteamericano la rápida negociación de un nuevo tratado que reconozca la soberanía panameña sobre todo el territorio y ponga fin a una situación colonial; en la zona del canal las medidas de seguridad aumentan sin cesar, debido a la escalada de atentados contra las instalaciones norteamericanas.

Además de sobre el canal, propiamente dicho, Estados Unidos mantiene su soberanía en una franja de casi 1.500 kilómetros cuadrados, auténtico enclave en el que funcionan sus instituciones judiciales, policíacas y económicas. Pero lo que determina el valor estratégico de la zona del canal es, sin embargo, su condición de sucursal del Pentágono como sede del Comando Sur, agrupado en catorce bases militares y numerosas instalaciones paramilitares, como la famosa Escuela de las Américas, a la que han acudido más de 30.000 militares sudamericanos, para especializarse en la lucha antiguerrillera, entre ellos Pinochet y Somoza.

La zona no es sólo sede del sistema defensivo estadounidense en el hemisferio sur, sino base también de intervención en los asuntos políticos de los países sudamericanos, sin que el Gobierno panameño haya podido hasta el momento hacer nada por evitarlo. Por el canal transita un 17 % del comercio marítimo norteamericano (con tarifa de peaje, hasta 1974, igual a la de 1914) y en su zona hay establecidas multinacionales de la envergadura de la ITT, acogidas a la legislación de su país de origen. Según un informe de la Comisión Económica para América latina la economía de la zona reviste características tales que permiten catalogarla de autosuficiente.

En 1964, en que violentos disturbios causaron la muerte de veintisiete personas, comenzó a discutirse la necesidad de un nuevo acuerdo que pusiera término al de 1903, por el que Washington se reservaba perpetuamente el uso, ocupación y control del canal y una zona de diez millas. Desde entonces y con altibajos, se ha venido negociando hasta desembocar en lo que es ahora la nueva filosofía USA sobre el canal, contenida en un memorándum de Kissinger, según el cual se transferirá a Panamá la soberanía sobre la zona. La nueva actitud del departamento de Estado no corresponde a una conversión a las tesis nacionalistas panameñas, sino a una evaluación compleja de sus verdaderos intereses en el área, como lo muestra el borrador de proyecto negociador elaborado por ambas, partes según la revista Foreign Policy, el proyecto Kissinger completa la desaparición del estatuto USA en la zona y, con ello, el desmantelamiento de sus instituciones judiciales, policíacas y comerciales; Estados Unidos renunciaría a más de la mitad del territorio que ahora ocupa, pero continuarían existiendo bases militares en Panamá, quizá media docena (expertos del Pentágono y el departamento de ses a lo largo del canal permitirían mantener intacta la capacidad operativa norteamericana), con un estatuto similar al de otras instalaciones USA en el resto del mundo. El programa de formación antiguerrillera para militares sudamericanos desaparecería y los artificiales peajes actuales serían elevados para permitir que los ingresos anuales de Panamá por explotación del canal aumentaran. El funcionamiento de la vía de agua, finalmente, sería asegurado por una comisión mixta, pero dependiente de Washington.

Salvaguardados así los intereses norteamericanos, no es probable que el Congreso o el Pentágono se opongan a un proyecto negociador que presumiblemente Carter acelerará en enero, puesto que en nada se opone a su voluntad, declarada en el careo con Ford a propósito de política exterior, de no entregar nunca a Panamá el control completo del canal. Los intereses económicos de las multinacionales y los del lobby de los americanos nacidos en la zona durante tres generaciones se postergarán, pues, ante los del Pentágono y el Departamento, de Estado.

Sin embargo, los panameños ne parecen dispuestos a renunciar a la soberanía total y al fin de la presencia militar norteamericano, y ahí va a jugar un papel decisivo el general Omar Torrijos, que cada vez encuentra mayores dificultades en su pretensión de mantener las reivindicaciones parlameñas en el marco de las encendidas, pero inofensivas, reclamaciones verbale, en los foros internacionales. Los atentados y las crecientes medidas de seguridad están ahí para demostrarlo. A Washington, en definitiva, no le interesa que la situación desborde la capacidad de maniobra de Omar Torrijos, nacionalista incómodo, pero conocido, que hasta ahora ha mantenido bajo control unas reivindicaciones que histórica y políticamente, son irreversibles.