Reestructurado el Consejo de Economía Nacional

El Gobierno, reunido ayer en sesión extraordinaria, tomó un único acuerdo, según se desprende de la nota oficial: reestructurar el Consejo de Economía Nacional. En los últimos días se habla anunciado el propósito del Gabinete de crear un Consejo Económico Social en el que tendrían acomodo, de alguna forma, los 150 procuradores sindicales que van a ser excluidos de las nuevas Cortes. Al parecer este anteproyecto, que fue repartido por el ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, a los procuradores sindicales hace quince días, adolecía de «grandes deficiencias desde un punto de vista jurídico», por lo que se ha optado por la reorganización de un organismo ya existente.

El Gobierno indica que se pretende incluir en él «representaciones de las organizaciones de empresarios Y los trabajadores, y otros intereses como de organizaciones agrarias y cooperativas, colegios profesionales y asociaciones de consumidores». El mismo objetivo perseguía el nonato Consejo Económico y Social al que se concedían atribuciones mayores que las que ahora tiene el Consejo de Economía Nacional, como es «la participación en la tareas legislativas con carácter preceptivo y previo en aquellos proyectos que aborden materias económicas y sociales».El proyecto ahora aprobado devalúa en parte esta oferta, aunque mantiene la posibilidad de que los procuradores sindicales encuentren un pero eso ya lo había notado el segundo en el Consejo de Economía Nacional.

«La decisión del Gobierno es muy importante -ha declarado a Europa Press el actual presidente del Consejo de Economía Nacional, Enrique García Ramal- no sólo por la reestructuración de dicho organismo en sí, sino por su finalidad, que es la ampliación de su base, si las Cortes aprueban el proyecto. Se trata de atender los intereses comunes de los empresarios y los trabajadores, y otros intereses importantes a través de la participación de sus legítimos representantes».

Ell señor García Ramal ha explicado también que con esta reforma que el Gobierno propone a las Cortes, se institucionaliza dicho organismo, «ya que gana en representatividad, en permanencia y en potencia. Tendrá una verdadera actividad de Cámara -dijo-, ya que en el fondo se trata de una tercera Cámara que recogerá los planteamientos de los intereses que afectan a toda la economía nacional».

No obstante estas declaraciones, parece evidente que la oferta inicial prevista en el anteproyecto del Consejo Económico y Social presentaba a los procuradores sindicales una mayor participación en la futura actividad legislativa, al tiempo que les garantizaba una permanencia en el aparato del Estado. Su integración en el Consejo de Economía Nacional, al ser un órgano meramente consultivo, rebaja la oferta inicial presentada en su día como un intento del Gobierno de ganarse los votos de los procuradores sindicales en su proyecto de reforma política. Más información en pág. 9