Accion judicial de los "alejados" contra Poniatowski

Algunos de los españoles confinados en la isla de Re han decidido emprender una acción judicial contra el ministro francés del Interior, Michel Poniatowski, por unas declaraciones que éste ha hecho a la ORTF en las que les acusa de contrabando de armas y posesión de explosivos. El ministro trataba de justificar con estas palabras las medidas de asignación de residencia adoptadas contra un grupo de exiliados españoles con motivo de la visita de los Reyes a París, pero los afectados entienden que afirmaciones públicas de este tipo sólo cabe hacer una sentencia judicial, que en este caso no existe.

El número total de españoles confinados en estos momentos es de 38. De ellos, diecisiete etarras se encuentran en Jeu, once anarquistas y libertarios han sido trasladados a Belle Ille, más al norte, y otros once, de muy diversa procedencia política y geográfica, han sido conducidos a la isla de Re.Mientras que los vascos sólo tienen una promesa verbal de que al menos once de ellos -los otros seis fueron confinados antes de la visita de los Reyes- serán liberados el sábado, los de las otras dos islas tienen absoluta certeza de ello, porque así consta en las notificaciones de arresto que les fueron entregadas el lunes.

Por lo que respecta a los once de Re, se da la curiosa circunstancia de que se encuentra entre ellos un colombiano que ni siquiera entiende por qué se ha adoptado esta medida contra él.

En la prefectura les fue presentada a la firma una orden por la que quedaban expulsados de Francia. La mayoría se negaron a firmarla, y entonces fue redactada sobre la marcha una nota por la que se confinaba al departamento de la Charente Maritime hasta el sábado próximo.

Condiciones del alejamiento

El grupo de Re es el más heterogéneo desde un punto de vista político. Entre sus once miembros la mayoría no son militantes de ningún partido, cuatro ni siquiera son refugiados políticos y sólo dos declaran pertenecer a la Convención Republicana. Todos, eso sí, se declaran de izquierdas, con la excepción de un estudiante que se confiesa no político y manifiesta incluso que en la Universidad en la que estudia ha votado contra las manifestaciones, «porque el país no está para esas cosas ».Por las condiciones de vida, los once de Re son posiblemente los más afortunados. Sus hoteles son confortables, la isla tiene auténtico atractivo turístico y la vigilancia policial no es, en suma, tan rígida como en las otras dos islas.

Los confinados en Belle lile, también once, tienen, al igual que los de Jeu, uno o varios CRS a sus espaldas, a pie o en moto, desde que abandonan el hotel hasta que regresan a él.

El Ministerio del Interior ha elegido a anarquistas y libertarios, en su mayoría catalanes, para traerlos hasta esta pequeña isla, que se sitúa en el mapa bajo la península de Bretaña.

El grupo estuvo compuesto inicialmente de doce personas, pero el miércoles se le levantó la sanción al cantante Carlos Andréu porque una hija suya se encontraba en estado grave.

No se quejan de las condiciones de vida en la isla y les han prometido incluso que en sus respectivas prefecturas les seran abonados los salarios perdidos durante la presente semana. Pese a ello, están dispuestos también a llevar su caso ante la Justicia, porque lo consideran como una arbitrariedad administrativa.

En Belle Ille se encuentra un viejo cenetista exiliado desde la guerra civil. Sanchis, a los sesenta años, se sorprende por una sanción de este tipo contra un hombre que luchó en la resistencia francesa y tomó las armas en defensa de Francia

La mayoría de estos once hombres están casados, tienen hijos y su media de edad oscila entre los 35 y cuarenta años. Entre ellos hay un gitano residente en Montpelier, que jamás se había metido en política. Otro, el catalán Bosquet, que después de ser condenado a muerte en España cumplió veinte años de prisión a partir de 1949, podría en cualquier momento regresar a España, porque está en posesión del pasaporte. Algunos más están también en disposición de poder regresar a nuestro país, tanto entre los deportados de Belle Ille como entre los de Re.

Estos 38 españoles confinados en tres pequeñas islas atlánticas no son, ni mucho menos, los únicos a los que fue a buscar el pasado lunes la policía francesa. La lista podría superar incluso los cien nombres -sólo en Burdeos se sabe que figuraban 48 si no hubiera sido porque algunos temían una medida de este tipo y desaparecieron de sus domicilios. Se sabe, en fin, que algunos de los hombres de estas listas han regresado a España acogiéndose a la amnistía.

Todo esto descalifica, ajuicio de los afectados, su arresto: «Se trata -dicen- de una arbitrariedad ante la que no cabe ninguna posibilidad de recurso efectivo. Esto quiere decir que algo está cambiando en Francia y que arrestos de esta naturaleza pueden acostumbrar a sus habitantes a un estado policíaco que no rinde cuentas a la Justicia.»

Este peligro ha sido ya advertido por algunos grupos de la izquierda francesa, y mientras el Partido Comunista protestaba en París contra las deportaciones, un grupo de franceses se manifestaban, con una ikurriña al frente, ante el Ayuntamiento de La Roche-sur-Yon.

Por otra parte, se ha sabido que en la mañana de ayer el abogado donostiarra Juan Cruz Unzurrunzaga fue detenido por las autoridades francesas en la localidad de Vallorbe, cerca de la frontera suiza. El letrado fue conducido a la ciudad de Frasle para ser interrogado por dichas autoridades.

El interrogatorio duró más de seis horas, después del cual, sobre las dos de la tarde, el detenido fue conducido de nuevo a la frontera suiza, donde se le comunicó la prohibición de pisar suelo francés antes del día 30.