Cesados un general y un coronel de Aviación

27 oct 1976 - 00:00CET

El general de división del Ejército del Aire Luis Rodríguez Rey y el coronel de la misma Arma Carlos Grandal Segade son los dos primeros presuntos implicados en los sobornos de la multinacional Lockheed Aircraft Corporation, cuyos nombres son dados a la publicidad. Informado el Ministerio del Aire de estas supuestas implicaciones ha dispuesto el cese en sus respectivos destinos (el primero, director del Servicio de Control de Emisiones Radioeléctricas, y el segundo, subdirector general de Transporte Aéreo) de los dos supuestos implicados «sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de todo orden a que hubiere lugar por la jurisdicción competente».

Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha hecho constar a este respecto que en el curso de las investigaciones sobre los sobornos de la Lockheed en España han sido llamados a declarar «un general y un coronel del Ejército del Aire, así como diversos paisanos».Los nombres de estos dos militares aparecen en la próxima edición de 'la revista Opinión. Por su parte, Cambio 16 aporta un tercer nombre castrense: el del coronel Jerónimo Morales de la Fuente, subdirector general de Industria Aeronáutica. A la hora de cerrar esta edición no ha podido ser confirmado si este tercer supuesto implicado ha sido llamado ya a declarar por la Fiscalía del Supremo o se encuentra en lista de espera.

Fuentes oficiosas relacionadas con la Magistratura española han apuntado a EL PAIS que entre las cantidades investigadas existiría una partida de quince millones de pesetas aportada como comisión a uno de los presuntos implicados.

Tanto el general Rey como el coronel Grandal ostentaban un grado inferior cuando España compró diez aviones Hércules C-130, de los cuales han sido entregados siete. El importe global de la compra asciende a 3.500 millones de pesetas. Las comisiones supuestamente devengadas por varias personalidades españolas ascienden a 750-800 millones de pesetas.

El general Rey y el coronel Grandal -pasados ayer a situación de disponibles- eran accionistas de Avionica, empresa que aparentemente canalizó un millón de dólares para sobornar en España a personas capaces de hacer adquirir el Hércules, aparato por lo demás excepcional y que fue utilizado por los israelíes en su reciente incursión en el aeropuerto ugandés de Entebbe.

El delegado de la Lockheed en España, Hilario Ortiz, y el administrador de Avionica, Fernando Herce, aparecen igualmente conectados de alguna manera -aún no esclarecida judicialmente- con los sobornos de esta multinacional. El segundo permaneció un mes en prisión tras actuaciones del Tribunal de Delitos Monetarios.

El señor Herce manifestó a EL PAIS que había sido llamado a declarar por la Fiscalía del Supremo en torno a este asunto, y que otras personas estaban pasando por idéntico trance a lo largo de la jor

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La lista española de la Lockheed comienza a aparecer

Viene de primera páginanada laboral de la Fiscalía, e «incluso hasta las nueve de la noche».

EL PAIS ha podido saber que los trabajos llevados a cabo por la Fiscalía se realizan especialmente por las tardes, en forma intensiva, y, que en ellos intervienen, junto al fiscal, señor Rodríguez Acosta, otros seis fiscales, un traductor y una mecanógrafa. Adolfo de Miguel, presidente de la Sala Segunda del Supremo es informado diariamente de la marcha de las investigaciones.

EL PAIS ha sido igualmente informado de que el sumario sobre los sobornos de la Lockheed en España está prácticamente listo para pasar de manos del señor Rodríguez Acosta a las del señor De Miguel (cuya sala entiende de lo penal) e iniciar el correspondiente proceso. En el Consejo de Ministros de mañana -o como mucho en el siguiente-, el ministro de Justicia podrá informar al Gabinete del alcance exacto de las investigaciones en curso.

Según unas fuentes, la lista de la Lockheed abarcaría hasta diecisiete nombres. Otras fuentes reducen esa cifra a ocho personas.

En cualquier caso, la aparición pública de datos concretos sobre supuestos implicados en el engrase de la Lockheed para vender a España sus aparatos -sean o no responsables estos militares- levanta un pico de la manta de silencio que hasta ahora cubría este asunto. Otros presuntos implicados han de aparecer a la luz pública, máxime cuando los primeros nombres dados a la publicidad son de militares y -según informaciones no confirmadas- la mayoría de los implicados son civiles.

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