Un secreto menos

EL GOBIERNO español dejará sin efecto hoy la declaración de secreto oficial que afectaba a las informaciones relacionadas con Guinea Ecuatorial. Hay que celebrar la decisión gubernamental, que acaba con un pequeño e incomprensible tabú de los que pesan sobre la prensa nacional.No felicitaremos al Gobierno por la medida acordada, sino que reservaremos nuestro aplauso para el día en que derogue la ley de Secretos Oficiales. Ley, con todos los respetos, absurda, que contradice el espíritu de otras leyes y que (como explicó EL PAIS en su editorial del 15 de agosto) no nació sino para cerrar, hace ocho años, el reducido pero utilísimo margen de libertad que abrió, contra viento y marea, la ley de Prensa de 1966.

Hoy, la ley de Secretos Oficiales sólo pesa ya sobre un tema, grave por cierto, y que es de algún modo la piedra de toque de todo Estado verdaderamente democrático: en junio último se declaró materia reservada toda actuación judicial en torno a supuestos malos tratos a personas detenidas por las fuerzas de orden público.

Hay, sin embargo, vetos implícitos e imposibilidades de hecho para entrar en otros asuntos. No nos referimos, desde luego, a aquellos que la prudencia política o el simple patriotismo aconsejan manejar con excepcional delicadeza: así, los que se refieren a los pleitos de nuestra política exterior o a las materias de interés estratégico. Pero fuera de ello, siguen funcionando los tabúes: sobre personas concretas -supuestamente intocables-, sobre estamentos varios -que saldrían muy beneficiados de una mayor transparencia informativa-, sobre dossiers polémicos, que arrastramos de la época de descontrol administrativo que caracterizó los años de democracia orgánica.

En este, como en otros frentes, estamos ante el divorcio de la realidad con la España oficial. Por eso es bueno que se levante la declaración de materia reservada sobre una carpeta, pero sería mejor que estas materias no existieran. Porque no tiene sentido que exista un sistema de censura previa mezclado con el sistema de libertad que la ley reconoce a los medios informativos.

En este caso concreto conviene añadir algo más: la actitud del Ministerio de Asuntos Exteriores, que desde 1971 aconsejó al de información la aplicación del secreto oficial sobre Guinea, ha estado fundada en el propósito de preservar la seguridad de los ciudadanos españoles residentes en aquel país. Si ahora el secreto oficial se levanta, es presumiblemente porque el Gobierno está dispuesto y en condiciones de garantizar toda clase de protección a los residentes españoles en Guinea Ecuatorial. Por lo demás, y por encima de toda diferencia política, es preciso que el Gobierno mantenga la ayuda económica y de cualquier otro signo que merece el único Estado africano de habla española.