Sigue la ocupación de fincas en el Alentejo portugués

Una finca de 578 hectáreas ha sido ocupada por los trabajadores agrícolas alentejanos. La propiedad, denominada «Charneca», situada en Mourao, en el consejo de Evora, está evaluada por el Ministerio de Agricultura en unos 61.000 puntos, lo que la sitúa por encima de los 50.000 que dispone la ley de Reforma Agraria para las expropiaciones de fincas. La ocupación de la propiedad se produjo sin incidentes, pero también sin intervención de las autoridades del Ministerio de Agricultura.Es esta la primera vez que los trabajadores agrícolas ocupan una propiedad desde la caída del Gobierno de Vasco Gonzalves. Hace unas semanas, las autoridades decidieron terminar con las ocupaciones ilegales de fincas que no alcanzaban los 50.000 puntos. Los sindicatos agrícolas de la región del Alentejo, de fuerte influencia comunista, colaboraron en la desocupación de aquellas, pero manifestaron que exigían la expropiación inmediata de las 400.000 hectáreas aún en manos privadas, alcanzadas por la ley de Reforma Agraria. Al parecer, los sindicatos han tomado la decisión de tomarse la justicia por su mano y han comenzado ya la ocupación de nuevas tierras, después de asegurarse previamente que la propiedad estaba incluida en las «fincas expropiables». Los ocupantes de la Finca «Charneca» han manifestado que se integarán en la Cooperativa agrícola « 12 de Septiembre», a la que ya pertenecen varias fincas ocupadas legalmente.

Por su parte los agricultores del Norte, organizados en la CAP (Confederación de Agricultores de Portugal), han vuelto a realizar una reunión en Río Maior (centro del país), al final de la cual han urgido al Gobierno para que termine con la ley de Reforma Agraria, a la que denominan «ley de Expropiaciones Agrícolas».

Mientras tanto, dos jueces militares de Lisboa se han negado a iniciar un proceso contra un ayudante de chófer de la PIDE (policía política salazarista) por considerar que la «ley sobre los pides» es anticonstitucional. Otro de los jueces consideró, sin embargo, que la ley se ajustaba completamente a la Constitución. El caso deberá pasar al Tribunal Supremo de Justicia Militar y posteriormente, a la Comisión Constitucional que preside Melo Antunes.