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CONSEJO DE MINISTROS

Congelación de precios y flexibilidad en el despido

El Gobierno aprobó un programa económico con disposiciones en diversos frentes para afrontar la difícil situación por la que atraviesa el país. En la misma reunión decidió el envío a las Cortes de un proyecto de ley para restablecer la libertad sindical, así como dio el visto bueno a un decreto sobre el futuro de los funcionarios y del patrimonio sindical.

El programa económico del Gobierno, según expuso el vicepresidente Alfonso Osorio a través de RTVE, no supone un programa de estabilización en sentido estricto, sino una política de estabilidad que incluye medidas de tipo reactivador. Insistió también el señor Osorio en que la necesidad de una actuación económica y la gravedad de la crisis no supondrán una parálisis del proceso de reforma política. Los sectores conservadores del sistema vienen insistiendo en las últimas semanas en que ante la crisis económica y los problemas de orden público, el Gobierno debe hacer un paréntesis en la evolución política para afrontar aquella situación. Desde otros sectores, sin embargo, se insiste en que la solución de la economía nacional pasa necesariamente por el cumplimiento de los plazos de evolución política e incluso por su aceleración.El armazón básico del programa económico del Gobierno supone las siguientes decisiones:

Congelación de precios durante dos meses (medida clásica en todos los programas económicos de los últimos tiempos); limitación de los plazos de la negociación colectiva, con delimitación de los aumentos salariales en los casos en que no haya acuerdo (que lógicamente serán la mayoría) a la evolución del índice del coste de la vida; prohibición de reparto de beneficios de sociedades a favor de los consejos de administración, y limitación en los dividendos y demás utilidades hasta un 10 por 100 por encima del reparto del año anterior.

Con referencia a la reiterada reivindicación empresarial, de una suspensión del artículo 351 referido al despido, el Gobierno ha decidido la suspensión del citado artículo por un año y la suspensión por una normativa que flexibilice el despido. En la concreción de esa normativa, el Gobierno parece que pretende establecer ciertos cupos de posible rescisión de contratos, dar facilidades para las empresas de nueva creación y agilizar los expedientes de crisis.

En materia fiscal, aparte de medidas de represión del fraude fiscal, también típicas y de dudosa eficacia, no hay demasiadas novedades en el decreto.

Reestructuración administrativa

Una novedad importante en el decreto es la facultad que se pretende dar al Gobierno para que a propuesta del presidente pueda suprimir refundir o reestructurar departamentos ministeriales y organismos y servicios de la Administración, cualquiera que sea el rango jurídico por el que fueran creados, con objeto de limitar el gasto público. Conviene recordar queen el anterior Gabinete del presidente Arias se planteó en diversas ocasiones una reforma administrativa a fondo que tropezaba con el inconveniente de la necesidad de proyectos de ley con paso por las Cortes para salir adelante.

Al lado del programa económico, el Consejo de Ministros aprobó el texto del anteproyecto de ley de libertad sindical con inscripción propuesto por el ministro de Relaciones Sindicales. Aunque inicialmente este texto se pretendía aprobar por vía de decreto, hace unas semanas se decidió pasarlo por las Cortes una vez producido el cese del vicepresidente para Asuntos de la Defensa, general De Santiago.

El breve proyecto de ley, seis concisos artículos, consagra una libertad sindical con inscripción obligatoria en un registro que se establecerá al efecto. Como limitación para la inscripción establece la independencia con respecto a cualquier partido o grupo político. Pasa a las pág. 15 y 16

El Gobierno opta entre la estabilización y la reactivación

Viene de la pagina primera

Al margen del decreto de medidas económicas se aprobó ayer un decreto que establece una serie de recargos sobre el consumo de energía doméstica y sobre los aumentos de energía eléctrica en las tarifas industriales y en los consumos de gasoil y fuel para calefacciones y usos industriales. Igualmente se limita la velocidad, de turismos a 100 kilómetros por hora y a 80 para otros vehículos.

Las medidas suponen básicamente:

- Recargos en los consumos de gasoil y fuel para calefacciones y usos industriales cuando excedan respectivamente del 90 por 100 y del 95 por 100 sobre el mismo período del año anterior.

- Limitación al máximo de iluminaciones suntuarias y de locales comerciales, escaparates, etcétera.

- Recargos en el tercer bloque de la tarifa A. 2 de alumbrado doméstico de 0,50 pesetas por kilovatio.

- Recargos del 50 por 100 en los consumos industriales de energía eléctrica (con excepción de usos agrícolas) que excedan del 95 por 100 del consumo del mismo período del año anterior.

- Adelanto a las 11.30 de la hora de cierre de RTVE, con excepción de sábados y vísperas de festivos.

Aumento del arancel

Un decreto propuesto por el Ministerio, de Comercio establece un recargo del 20 por 100 en los derechos de normal aplicación del Arancel de Aduanas con algunas excepciones en productos alimenticios y bienes de equipo.

A propuesta de Trabajo se fijan nuevas bases de cotización de la Seguridad Social a partir del primero de enero, conforme a la subida reciente del salario mínimo. Se aprueba también una revalorización de las pensiones de la Seguridad Social.

Libertad sindical y futuro de funcionarios sindicales

El Gobierno en su reunión de ayer estudió el proyecto de ley sobre libertad de asociación sindical y el decreto sobre creación, organización y funciones de la Administración de servicios socioprofesionales, organismo autónomo del Estado, que integra a los funcionarios al patrimonio de la actual Organización Sindical. Ambos proyectos fueron aprobados, el primero con respecto a su envío a las Cortes y el segundo para su entrada en vigor. El contenido del proyecto de ley queda resumido en el recuadro adjunto.

Aplazamiento de elecciones municipales

A propuesta del ministro de la Gobernación, el Consejo acordó proponer al Rey la aprobación de un real decreto-ley por el que «se aplazan las elecciones municipales y provinciales que, según la ley de Régimen Local, debían celebrarse en el tercer trimestre del presente año y en el primero del año 1977, respectivamente».

Para ello, el Gobierno se acoge al artículo trece de la ley Constitutiva de las Cortes, en la que se establece que, por razones de urgencia, el Gobierno podrá proponer al Jefe del Estado la sanción de decretos-leyes sobre materias en las que son competentes las Cortes. Ello se hace una vez oída la comisión de competencia legislativa.

En el decreto-ley se autoriza al Gobierno para aplazar la convocatoria de elecciones municipales y provinciales hasta después de la celebración de las primeras elecciones legislativas.

Este aplazamiento constituye un tema político de indudable importancia. Puede añadirse que resulta extraña, en la referencia, la sanción a las elecciones que debían celebrarse «en el tercer trimestre» de este año, por cuanto estaban previstas para noviembre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de octubre de 1976

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