Comenzó la negociación del convenio en León
Una vez en libertad los líderes obreros que permanecían detenidos, en la comisaría de León, se han iniciado los primeros contactos entre la patronal y los huelguistas en el marco de la Organización Sindical a través de la comisión deliberadora del convenio en el que intervienen como «asesores».
Serán los huelguistas, sin embargo, los que lleven, en la práctica, todo el peso de las negociaciones, que deberán ser ratificadas punto por punto en las asambleas masivas de los que permanecen en huelga. Con respecto a éstas, también hay novedades: ayer una representación de los trabajadores acudió a entrevistarse con el gobernador de la provincia, señor Quintana Peña, para pedirle autorización y un lugar donde celebrar futuras asambleas masivas. Los obreros no pudieron hablar con el gobernador, pero sí recibieron la promesa verbal de un miembro de su secretaría particular de que dichas asambleas sería toleradas ya que no autorizadas oficialmente- donde quiera que se celebren. Del mismo modo, ayer la comisión de delegados pudo reunirse en el salón de actos de la Organización Sindical, después de reiteradas negativas. Con todo ello, el conflicto puede tomar un nuevo rumbo.En otro orden de cosas, los huelguistas pidieron ayer a la representación empresarial una serie de garantías para poner fin a la huelga. Entre éstas está la aprobación de los cinco primeros puntos de la plataforma reivindicativa, que constituye la base de las peticiones de los obreros: aumentos salariales, pagas extras y vacaciones. Los empresarios, por su parte, ofrecieron «hacer un convenio en condiciones más ventajosas para los trabajadores que cualquiera de los que están en vigor en las provincias vecinas», lo que los huelguistas consideran una promesa de alcances imprecisos. En este punto cesaron las negociaciones de ayer.
Los empresarios han dado un nuevo plazo hasta el miércoles para la reincorporación al trabajo, amenazando con el cierre definitivo de las empresas si no se les condece una nueva prorroga en las exenciones de pagos a la Seguridad Social. En caso contrario podría llegarse a un despido masivo de los huelguistas.
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