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Tribuna:Tribuna libre

Falta una palabra

Carlos Robles Piquer nació en Madrid en 1925. Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Central, ingresó en la carrera Diplomática. En 1962, fue nombrado director general de Información, cargo que ocupó hasta 1967, en que fue designado director general de Cultura Popular y Espectáculos, cesado por dimisión en 1969, en solidaridad con Fraga Iribarne, persona a la que se encuentra ligada política y familiarmente. Fue ministro de Educación y Ciencia en el primer Gobierno de la Monarquía.

Ante las próximas elecciones en la República Federal, el corresponsal en Berlín de TVE dijo anoche en su crónica: «La oposición proclama su amor por Alemania».Durante los últimos días, un vendaval ha agitado, las páginas de EL PAIS. Lo inició su editorial sobre autonomías y nacionalidades contra el que ha brotado una reacción, adversa y a menudo airada, en la prensa de Barcelona, a cuyas respuestas este periódico ha dado generosa acogida. Quizá sea útil un nuevo esfuerzo para descifrar una posible clave de ese editorial, a fin de que su verdadero espíritu sea comprendido por aquellos a quienes ha herido.

Creo que esa clave se encuentra fuera del derecho constitucional. Lo esencial, en efecto, no es saber si la forma jurídica que debe revestir en el futuro el Estado español (una expresión, por cierto, acuñada durante el franquismo, que no quería hablar ni de Reino ni de República) ha de ser la misma que ha revestido durante varios siglos o la que algunos recomiendan ahora de nuevo. Este es, sin duda, un asunto importante; y sobre él se pronunció EL PAIS en su editorial anterior que desaprobaba el propósito de transformar el presente Estado unitario en un Estado federal. Quiero manifestar aquí mi coincidencia con esta opinión porque me sigue pareciendo vigente la sentencia de Ortega, en las Cortes de la II República, según la cual «un Estado unitario que se federaliza es un organismo de pueblos que se retrograda y camina hacia su dispersión». Los ejemplos contrarios citados en estas páginas no resultan convincentes: el unitarismo alemán ha sido muy breve y en ese país no existen hoy fuertes tensiones dispersivas como las que se dan entre nosotros; en cuanto a la Unión Soviética, todos conocemos la ley de la fuerza, que predomina sobre la supuesta estructura federal y, por si alguien lo dudara, el científico Leónidas Pliuchtch, exiliado y neomarxista, acaba de decir a un periodista español esta frase reveladora: «Como ucraniano, con mi pueblo sumido en una opresión centralista...»

No obstante, estimo también que el sistema federal puede ser defendido como un método aplicable a la organización del Estado; y un sistema de autonomías como el propugnado por diversas corrientes políticas actuales podría no quedar demasiado lejos de una estructura federal que, incluso, otorgaría tratamientos particulares a las regiones que tengan más conciencia de sus respectivos factores diferenciales, ya que -digan lo que quieran algunos escritores andaluces- el problema lingüístico no es el mismo al sur de Despeñaperros que al norte de Los Monegros. Por eso creo que el problema es otro.

Se trata, simplemente, de saber si se acepta, defiende y valora la unidad esencial de España. Esto está claro en lo que suele llamarse el Sistema, y yo creo que lo está también en la conciencia de la inmensa mayoría de los españoles; pero, en cambio, son muchas las declaraciones de la auto-llamada -y auto-convocada- oposición democrática de cuya lectura no se deduce que quienes las formulan posean una idea firme y clara de España, que puede y debe diferir de la del Gobierno, pero que coincide en considerarla como un valor común de nuestro pueblo. El fenómeno es muy perceptible en los portavoces de lo que ahora, con una jerga admirable, se llaman instancias unitarias cuando éstas responden a localizaciones geográficas sectoriales, es decir, cuando son lo que nosotros denominaríamos grupos políticos regionales. Pero ocurre casi lo mismo con los jefes de las instancias unitarias extendidas por todo el Estado español, a las que uno calificaría -y que ellos me perdonen- como de ámbito nacional. Por ejemplo, Felipe González acaba de otorgar una larga entrevista a un vespertino madrileño, en la que utiliza una sola vez la palabra España, para prevenimos contra el riesgo grave de una polarización política en dos bloques, mientras que habla no menos de seis veces de las nacionalidades y regionalidades (sic) como de un problema prioritario. No es infrecuente que, en estas manifestaciones, oigamos hablar de la autodeterminación, con léxico que nos induce a pensar que algunas de estas nacionalidades y regionalidades acabarán defendiendo su pleito en el comité neoyorquino de los Veinticuatro...

El ejemplo más claro y reciente de lo dicho lo acaba de dar ese notable grupo de la oposición, que se ha reunido en un hotel de Madrid. La nota oficial que han difundido no utiliza ni una sola vez la palabra España, que queda así despojada de su carácter substantivo. Verdaderamente, se requiere un gran esfuerzo mental para sustituir a España, comunidad viva de los españoles de todos los tiempos, por su principal -pero no único- aparato burocrático que es el Estado español, donde lo español se reduce a adjetivo. Llegamos de ahí al sorprendente hecho de que ese comunicado haya sido distribuido en las cuatro lenguas del Estado español, lo que es una falsedad manifiesta de la que, como funcionario estatal, he de dejar constancia. Las lenguas del patrimonio cultural de España son cuatro, y quizá más; modestamente debo añadir que he dado pruebas fehacientes de mi respeto y hasta de mi, apoyo a todas ellas, a las que amo justamente porque son españolas. Pero el Estado español, que yo sepa, utiliza sólo aquella en la que se entienden entre si las instancias unitarias y que es, por cierto, la lengua general de la nación, además del idioma oficial del propio Estado. Como hecho tan evidente no puede ser desconocido por tan eminentes hombres públicos, cabe abrigar la sospecha de que en ese distinguido cónclave haya habido una voluntad deliberada de evitar la palabra España por si resulta bandera de discordia que pudiera perturbar la armonía de los congregados.

Y esto es lo que yo estimo que subyace en el editorial comentado y, por tanto, en la polémica subsiguiente: la grave duda que muchos españoles albergamos de que la que creíamos ser una nación formada en varios siglos de vida y obra en común, resulte ser ahora un mosaico de naciones y no sólo de regiones, mientras que el empleo de banderas y lenguas varias, a las que amamos porque son españolas, se haga con el propósito de que dejen de serlo y con exclusión, por tanto, de la lengua bandera que son propiedad de todos los españoles. Si tales dudas se aclaran con hechos y no sólo con palabras, desaparecerá un riesgo cierto para la convivencia futura. Sería, en resumen, deseable que, como en Alemania, la oposición proclamara su amor por una Patria común cuya organización es modificable, pero cuya unidad no puede ser puesta en tela de juicio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de septiembre de 1976