El Estado británico, dispuesto a financiar sus partidos políticos

Casi ningún partido político británico quiere recibir dinero del Estado para superar sus crisis financieras. Sin embargo, un comité nombrado por el Gobierno aconseja que sea el Estado el que saque de sus apuros económicos a conservadores, liberales y laboristas, entre otros.El comité considera que no hay ningún dinero mejor que el dinero neutral del Estado para cooperar con los partidos políticos sin que éstos se sientan ligados con un grupo de presión, sindical o particular.

Los laboristas, cuyo Gobierno fue el que comisionó el informe, piensan que la solución es buena. Los liberales de Inglaterra también lo aprueban aunque los nacionalistas de Escocia piensan como los conservadores. Para éstos, los partidos políticos deben seguir recibiendo dinero de entidades públicas y particulares sin que los contribuyentes tengan que intervenir para nada en el proceso.

La razón por la que ahora se ha sugerido la posibilidad de que el Estado intervenga en la financiación de los partidos, es muy simple, según la ve el comité que ha realizado este informe. Los partidos «están haciéndolo muy mal». Sus campañas de publicidad son muy pobres, los salarios que pagan a sus empleados son excesivamente bajos y el apoyo que conceden a sus candidatos es mínimo.

Parece que el Gobierno está dispuesto a pasar por el parlamento un proyecto de ley que contemple las premisas que este grupo ha elaborado. Según ellas, cada partido tendrá derecho a recibir cinco peniques (unas diez pesetas) por cada voto que haya obtenido en las elecciones generales inmediatamente anteriores a la entrega de la subvención. Para algunos partidos -los poderes, como el laborista, que depende del favor local y voluntario- ésta puede ser una solución. Para el conservador, cuyas fuentes parecen más seguras y más estables, la propuesta no resulta demasiado excitante.

Todos los componentes del comité no están de acuerdo con las conclusiones a las que ha llegado la mayoría. Cuatro de los doce personajes que lo han integrado opinan que una ayuda estatal a los partidos políticos, sólo estaría justificada si la democracia parlamentaria estuviera en peligro o si en efecto hubiera una amenaza de que algún partido político que significara mucho para la comunidad, estuviera al borde de la bancarrota.

Mientras estas discusiones tienen efecto en Londres, el líder del Partido Laborista y jefe del actual Gobierno, James Callaghan, se ha encontrado en Escocia con otro argumento económico mucho más difícil de salvar. En casi todas sus visitas a las ciudades escocesas, el primer ministro ha sido recibido con manifestaciones de trabajadores que le demandan una rápida acción contra el creciente desempleo.

En Escocia, a donde el primer ministro había ido persiguiendo un objetivo político, la situación económica ha sensibilizado extraordinariamente a la población. No es extraño que hayan sido precisamente los partidos escoceses, nacionalistas o no, los que ayer se enfrentaron de manera más directa a la idea de usar dinero público para apoyar a los grupos políticos. Tanto en Escocia como en algunos sectores de Inglaterra se piensa que, tal como está el momento económico del país, una sugerencia de esa clase tiene todos los riesgos de perderse en el vacío.

En general, se ha considerado que la propuesta de ayuda a grupos políticos contrasta con el fundamento mismo de estas organizaciones, que en Gran Bretaña dependen en gran medida del favor popular. Una intervención estatal parece que disminuiría su independencia o que, en todo caso, minimizarla el valor de lo que en algunos sectores se considera como una tradición política inamovible.

De cualquier modo, no parece que los británicos, quieran o no romper sus costumbres, están ahora muy dispuestos a sacar de sus bolsillos para propósitos políticos de cualquier género lo que dicen necesitar para sobrevivir.