Un nuevo equilibrio defensivo

LAS DECLARACIONES del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, a EL PAÍS (30 de julio) constituyen una aportación muy valiosa de elementos de juicio para entender este problema: cómo estructurar la fuerza armada del estado y acrecer de modo económico el poder militar que garantice un mínimo de soberanía e independencia. La de la defensa nacional es una cuestión que está descorazonadoramente fuera del foco de atención de la opinión pública, del pensamiento de los intelectuales y, paradoja, aún de la clase política en su acepción más amplia.El ministro señala tres hechos que reclaman «un nuevo equilibrio de nuestro sistema defensivo»: 1) la descolonización del Sahara libera a España de responsabilidades que requerían efectivos y medios de carácter terrestre; 2) la descolonización del Sahara ha hecho evidente el gran significado estratégico del archipiélago canario «en» la ruta de los grandes petroleros y «próximo a» las avenidas comerciales atlánticas; 3) el tratado de Amistad y Cooperación con Estados Unidos crea una zona de interés común, de naturaleza esencialmente marítima.

El ministro de Marina, con la discrección que se espera de su cargo y con la lealtad que se deriva de la camaradería entre los que abrazan un mismo espíritu de milicia, no dice que el nuevo equilibrio deba descansar en un énfasis naval, con preeminencia sobre los otros ejércitos, sino que aporta datos que ayudan a la formación de un juicio independiente.

Son muchos los factores que empujan hacia una intensificación del esfuerzo defensivo en la dirección de lo naval. La última frontera terrestre de la humanidad es el océano, que estos días se está, quizás, repartiendo en Nueva York. El comercio marítimo forma el principal caudal del torrente sanguíneo de las naciones europeas. Los océanos son el santuario estratégico en que se guarda la última palabra de la disuasión nuclear y, por lo tanto, de la seguridad «casi» a toda prueba. En el caso particular de España, su debilidad naval, que le ha impedido ejercer un control efectivo sobre el estrecho, ha perpetuado el problema de Gibraltar.

Todas estas consideraciones son pertinentes en vísperas más o menos próximas de la presentación ante el Gobierno, y la proposición a las Cortes, de un proyecto de ley de revisión de la ley 32 / 197 1, la que por la crisis de sucesión no fue posible hacer en su día. Posteriormente, la preocupante situación económica ha debido pesar sobre los responsables militares y civiles que debían planificar la provisión de fondos previstos en ese plan.

La maduración de las consecuencias del Sahara y del tratado con Norteamérica, unida a las dificultades económicas por las que atraviesa todo el país, hacen recomendable, ciertamente, «un nuevo equilibrio en nuestro sistema defensivo», en el sentido de que se consideren prioritarias las iniciativas defensivas que puedan rendir un mayor producto de seguridad, en esta hora especialmente signada por lo naval, y entre esas iniciativas, las que se presentan como necesidades acuciantes de la Marina, entre las que se encuentran el mantenimiento del plan de modernización de 10.000 toneladas anuales, la construcción del portaaviones que sustituya al «Dédalo» como núcleo principal de la fuerza de combate, y la construcción de la nueva base naval de las Canarias, que por sí ha de constituir el as que España presente en cualquier posible concertación internacional de su esfuerzo defensivo.