Denuncia por supuesta detención ilegal de los empleados de una editorial

Emilio Olcina Aya, editor, apoderado de Editorial Fontamara, SA, de Barcelona, según poder otorgado por el notario Carlos Fernández-Castañeda, ha presentado ante el Juzgado de guardia de la Ciudad Condal denuncia por los delitos de detención ilegal previstos y penados en los artículos 184 y 191, párrafo 3, del Código Penal, contra los funcionarios de la Brigada de Investigación Social que resultaren responsables de los hechos relacionados en el escrito de denuncia. El primero de los artículos citados castiga al funcionario público que practicare ilegalmente cualquier detención y el segundo establece que incurrirá en la pena de suspensión y multa el funcionario público que con ocasión de lícito registro de papeles y efectos de un súbdito español, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas o daño innecesario en sus bienes.Según el denunciante, en las primeras horas del pasado día 23 de julio se personaron en los locales de Editorial Fontamara, SA, sitos en la calle de Entenza, 116, cinco inspectores de policía, a los que más tarde se añadieron otros más al mando del que se identificó como Mariano Bello Provincial, quienes exhibieron un mandato de entrada y registro expedido por el jefe superior de policía de Barcelona en uso de las facultades que le concede el decreto-ley de prevención del terrorismo, en sus apartados vigentes. En los locales se encontraban en ese momento el denunciante y la empleada de la editorial Isabel Varela, a los que se unieron más tarde los empleados y colaboradores Yolanda Marco Serra, Jesús Blanco Cerrada, Antonio Santos Cubedo y José Eugenio Stoute Tachar. Los funcionarios de policía registraron durante seis horas los locales de la editorial, ocupando gran cantidad de efectos y materiales de los que, según el denunciante, no se ha podido hacer un balance completo, pero cuya requisa ha originado la paralización casi completa de las actividades de la empresa.

Tras el registro, el denunciante y los empleados de la editorial fueron conducidos a la Jefatura Superior de Policía, donde se les comunicó que estaban detenidos, sin que les fuera comunicado el motivo de la detención. Todos ellos permanecieron en los locales policiales hasta las 10.30 del día 25 de julio, tiempo durante el cual prestaron declaración, sin que en los interrogatorios fueran acusados de actividad delictiva alguna.

En el escrito de denuncia se solicita de la autoridad judicial que efectúe las diligencias que estime oportunas en aras de la averiguación de los hechos y siga los trámites preceptivos hasta la completa delimitación de las responsabilidades a que los mismos hubieren dado lugar.