Iglesia-Estado: temas pendientes

LA FIRMA del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español por el que, respectivamente, se renuncia a los privilegios de fuero y de presentación, constituye un primer paso, tardío, pero positivo, hacia la normalización de unas relaciones de excesiva identidad antaño y particularmente conflictivas en los últimos tiempos. Supone también sentar las bases iniciales de una concepción moderna de las relaciones Iglesia-Estado, adecuada a la coyuntura histórica que vivimos.La configuración democrática de la institución estatal responde en esta materia al conocido postulado de una Iglesia libre en un Estado libre. Para merecer semejante calificativo, este último ha de ser laico o aconfesional, es decir, no estar sujeto por lazo religioso alguno que le imponga obligaciones específicas discriminatorias para otros credos; y aquélla ha de quedar liberada de toda atadura o enfeudamiento en relación con los poderes públicos. Tal es, sin duda, el espíritu de principio que preside el acuerdo recientemente firmado.

Pero resulta necesario continuar avanzando por este camino. El Concordato de 1953, absolutamente anacrónico, permanece vigente, excepción hecha de los privilegios cuya renuncia se acaban de convenir. Son muchos los temas pendientes que exigen una, pronta resolución. Entre ellos hay tres de considerable repercusión en la vida pública y de tratamiento nada fácil, que la mayoría de los Estados democráticos solucionaron -a veces con crisis políticas agudas- hace ya varios lustros. Nos referimos al divorcio y otras leyes referentes a la familia, a la educación y a la ayuda económica que el Estado presta a la Iglesia con cargo al presupuesto nacional. Son, evidentemente, tres cuestiones susceptibles de politización y con virtualidad para engendrar serias tensiones.

No se trata, en estas líneas, de ofrecer soluciones a cada uno de los problemas enunciados. El principio inspirador para su enfoque, en todo caso, no puede ser otro que el de la libertad de cada ciudadano ejercida en el marco de las leyes que vote y apruebe un Parlamento elegido por sufragio universal.

Estamos en condiciones de resolver pacíficamente y sin traumas esas y otras cuestiones que, indebidamente politizadas, de una u otra parte, pueden originar tensiones innecesarias y evitables. El Estado aconfesional es un rasgo de nuestra época. El tiempo apremia para que sea una realidad entre nosotros.