El proceso político uruguayo se endurece

Lejos de apuntar en lo inmediato a una apertura, el proceso político uruguayo parece encauzado hacia una nueva etapa de «endurecimiento».El propio presidente electo, Aparicio Méndez, que ejercerá la primera magistratura por cinco años desde el 1 de septiembre próximo, admitió que comparte el propósito de las fuerzas armadas de promover una «depuración cívica, administrativa y moral» de la nación.

En su primer contacto con la prensa, el futuro jefe de Estado -un jurista de prestigio internacional de setenta y dos años. considerado «duro» y hombre de derechas, vinculado por tradición familiar al Partido Blanco- no alentó ninguna expectativa política más o menos próxima.

«Los problemas que tenemos que afrontar tienen raíces internas e internacionales», dijo. Y añadió: «Aunque nosotros tuviéramos ajustado lo nuestro, si en el concierto mundial no se dan las condiciones para la vuelta a la normalidad, tendríamos que acompasar nuestro movimiento a las exigencias internacionales».

No ahondó sobre esas «condiciones internacionales» que podrían retrasar el programa de restablecer el origen popular de los futuros gobiernos, pero aseguró que el mundo occidental vive un período de transición, de elevación de la «clase obrera» que «va a permitir la formación de un nuevo mundo, y por consiguiente, un nuevo derecho y nuevas instituciones».

Estas afirmaciones no constituyeron el único golpe asestado en estos días a las esperanzas de la «clase política» uruguaya.

El futuro mandatario anunció asimismo que su Gobierno «cívico-militar» promoverá una «depuración» de sus actividades como forma de preparar el terreno para alcanzar más adelante una acción política «sana».

Por lo pronto, se espera que tras la asunción del doctor Aparicio Méndez se dictará un Acta Institucional que despojará de sus derechos políticos a más de un centenar de ciudadanos blancos y colorados de destacada actuación antes del golpe de Estado de 1973.

La severidad de esta «depuración» sólo podrá medirse si se recuerda que en 1964 el Gobierno militar de Brasil proscribió apenas a una veintena de personalidades del «antiguo régimen» y que hace unas semanas el Gobierno de las FFAA argentinas quitó los derechos políticos a medio centenar de dirigentes o ex gobernantes peronistas.

Brasil, no debe olvidarse, es un coloso de 100 millones de habitantes; Argentina supera los 26 millones de personas, mientras que Uruguay no llega a los tres millones de ciudadanos.

El «endurecimiento» de la situación local, creen saber los «círculos informados» de Montevideo, habrá de exteriorizarse también por la «depuración administrativa» y por una reorganización del «equipo civil» que, junto a los mandos militares, constituirá el principal sostén de la gestión del nuevo presidente.

No parece probable, en cambio, que estas acciones impliquen cambios sustanciales en la orientación del «proceso revolucionario» iniciado en 1973.

Se aplicará, pues, sin desmayos el programa de liberalización económica emprendido; proseguirá alentándose la iniciativa privada y las inversiones extranjeras; no habrá tregua para los grupos terroristas ¡ti para la «subversión marxista», y aunque el Gobierno sea ejercido por otro «Gobierno cívico-militar», el poder seguirá residiendo, de hecho, en las fuerzas armadas.