Los perjudicados de Rentagracon, considerados acreedores del capital invertido

Los 4.000 cuentapartícipes de Rentagracón, SA, sociedad inmobiliaria en suspensión de pagos desde el pasado mes de enero, han sido considerados como acreedores de dicha sociedad no sólo en lo que se refiere a las rentabilidades correspondientes, sino también al capital invertido por valor de 1.044 millones de pesetas, según reciente resolución del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid adoptada al estimar la solicitud de la Asociación de Cuentapartícipes afectados por la suspensión de pagos de Rentagracón, SA, dirigida por el abogado Pedro Moreno.En un principio la intervención judicial calificó a los contratos suscritos entre Rentagracón, SA, y los inversores como contratos de cuentas en participación en los que el inversor debería de atenerse a las pérdidas producidas, siendo acreedor únicamente por las rentabilidades del primer trimestre de 1975, que ascendían en total a treinta millones de pesetas aproximadamente. La Asociación de Cuentapartícipes, no conforme con la citada calificación de los contratos, se personó en el expediente de suspensión de pagos en solicitud de que se reconociese a los cuentapartícipes su calidad de acreedores de Rentagracón, SA, no sólo por el importe de las rentabilidades debidas, sino tambien por el capital invertido y por las plusvalías pactadas en los contratos suscritos. El Juzgado que tramita la suspensión de pagos ha admitido la solicitud y ha ordenado a la intervención judicial que se confeccionen nuevas listas de acreedores incluyendo como crédito «el importe de sus inversiones y las rentabilidades correspondientes sin perjuicio de las plusvalías o revalorización que pudieran abonarles en su día». La autoridad judicial ha estimado que los contratos suscritos por los inversores de Rentagracón, SA, son contratos de préstamo. El Juzgado ha concedido a la empresa suspensa quince días de plazo para afianzar la diferencia entre el activo y el pasivo y de no hacerlo así se declararía automáticamente en insolvencia definitiva.

Rentagracón, SA, inició sus actividades en el año 1970 con la adquisición y construcción de fincas urbanas, radicadas en Madrid, para su explotación en forma de arriendo, para lo cual vendía participaciones en dicha explotación de 10.000 pesetas cada una, ofreciendo una rentabilidad del 12,25 por 100 que dejó de pagarse en el primer trimestre de 1975. Su presidente es Adolfo Rincón de Arellano, consejero nacional y procurador en Cortes por designación directa del anterior jefe de Estado, contra el que se tramita actualmente una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.