"La casi totalidad de los presos políticos son vascos"

La amnistía constituye para el País Vasco una aspiración que se ha convertido durante las últimas semanas en auténtico clamor popular. Un hombre que conoce bien el tema, con sus indicaciones jurídicas y sociales, es el abogado donostiarra Miguel Castells. Miembro de la comisión gestora pro amnistía de Guipúzcoa, él ha defendido ante los tribunales a bastantes de los presos políticos que quedarían excluidos de una amnistía, entendida tal como parece entenderla el Gobierno. Ha intervenido entre otros, en el proceso de Burgos y en el consejo de guerra seguido en el regimiento de El Goloso contra cinco miembros del FRAP.

«Aquí, en el País Vasco, es donde tienen mayor razón de ser las manifestaciones y actos por la amnistía, porque la casi totalidad de los presos políticos repartidos por las cárceles del Estado son vascos. Aqui viven, por lo tanto, la mayor parte de sus familias y amigos. En Euskadi se vive intensamente el drama de la «muga» y el «maco». La solución del problema vasco requiere que previamente se ponga fin a ese drama.»

-Para centrar el tema en sus justas dimensiones, ¿cuántos presos políticos vascos hay en la actualidad y qué porcentaje representan del total?

-Hace poco más de un mes había unos 400 vascos en las cárceles por motivos políticos, en un momento en que la cifra de todo el Estado era ligeramente superior a los 600. Es posible que esas cifras se hayan rebajado ligeramente al aplicarse a algunos el régimen de libertad provisional, pero pienso que los porcentajes no habrán variado de forma sustancial.

-Tal como el Gobierno ha planteado el tema de la amnistía, ¿alcanzaráa a los presos vascos?

-La formulación del tema por parte del Gobierno está todavía muy poco definida, pero si se excluyen estrictamente a aquellos que «hayan puesto en peligro la integridad física de las personas», podrían quedar fuera desde aquel que haya tirado una piedra en una manifestación hasta el que ha sido condenado como militante o colaborador de cualquiera de las organizaciones acusadas de terroristas, sea cual fuere el papel que desempeñaron en su día en esa organización. Parece, por ahora, que quedarían al margen de la amnistía todos los que han sido juzgados por actividades ETA, FRAP o análogas.

-En algunos ambientes, incluso de oposición, se comienza a hablar de que esta amnistía podría ser aceptable si al propio tiempo se revisasen los juicios que se han llevado a cabo de acuerdo con leyes especiales. ¿Qué opina usted de ello?

-Está suficientemente claro que los vascos queremos una amnistía total, sin exclusiones. Y si no, me remito a todas las manifestaciones de tipo folklórico, cultural o político, en las que de forma espontánea sale siempre el grito de «Presoak kalera», que no es otra cosa que una petición de amnistía total.

-¿Cómo se entiende entonces la amnistía desde aquí?

-Entendemos la amnistía como libertad para todos los presos políticos y la posibilidad de que vuelvan todos los exiliados. La amnistía debe borrar la represión política y todos sus efectos en relación con el período al que se refiere. Así, por ejemplo, tendría que comprender, entre otros supuestos, el caso de los obreros despedidos por sus ideas políticas o sindicales, o por motivo de huelgas, al amparo de unas estructuras jurídicas y económicas que requieren una urgente modificación. Tal como la concebimos, la amnistía se encuentra históricamente vinculada al cambio político. El análisis concreto de las amnistías promulgadas nos lleva a considerarlas como conquistas políticas. Considerada de esta manera, la amnistía es, a la vez, condición y motor del cambio, causa y, a la vez, efecto.

-Usted intervino en el proceso de Burgos, en un momento en que estaba vigente y se aplicó la ley de Bandidaje y Terrorismo, que poco después sería derogada. Si los que fueron condenados en virtud de esa ley no quedan incluidos en la amnistía, ¿plantearía algún problema jurídico?

-Es cierto que la casi totalidad de las penas de larga duración, que son las que más importan a quienes luchamos por la amnistía, fueron impuestas a los presos vascos en aplicación del decreto sobre Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo. Este decreto se limita a refundir en un solo texto, según su exposición de motivos, las leyes de 2 de marzo de 1943 y de 18 de abril de 1947. La primera se presentaba como una condensación de los distintos bandos de guerra dictados desde el 18 de julio del 36 y la segunda basaba su necesidad en una grave y especial situación de postguerra. Así se declaraba en los respectivos preámbulos de ambas leyes y, ciertamente, un análisis elemental de su contenido pone de manifiesto su vinculación con los bandos de guerra. En la actualidad, el decreto ley sobre Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo se encuentra derogado. Quizás ahora, cuando se pretende entrar en un proceso liberal y democratizador, deba pensarse si hay razón para que estos presos políticos vascos hayan de continuar privados de libertad en base a una legislación periclitada. Bien mirado, y por esta línea, podría encontrarse razón para la libertad de todos los demás.

-Saliéndonos ahora del ámbito concreto del País Vasco, usted es uno de los abogados defensores de Eleuterio Sánchez, el Lute. ¿Cree que la amnistía debería afectarle?

-El mismo Eleuterio define la materia sobre la que recaen las acusaciones y procesos seguidos contra él como propia de un delito social. Ciertamente, los hechos que se le imputan y el tipo de vida a que se ha visto abocado son producto de una estructura político-social muy concreta. Para explicarme, el llamado caso Lute se encuentra en las antípodas del caso Matesa Sería verdaderamente lamentable que pudieran malograrse las posibilidades que ofrecen personas de las condiciones de Eleuterio, cuando se precisa realizar un gran esfuerzo por mejorar la situación del pueblo. Creo que en estos momentos se necesita de todos y no podemos desaprovechar elementos de gran valía. Y esto, claro está, no se refiere solamente a Eleuterio Sánchez.