Bruselas insiste en un libre cambio industrial España-CEE

El proyecto de mandato preparado por los expertos de la Comisión Europea, y aprobado por ésta, para la adaptación técnica del acuerdo comercial preferente España/CEE de los «seis», en vigor desde octubre de 1970, a la actual CEE de los «nueve», tiene un común denominador: no parece convencer a nadie.Por el momento, el descontento y las diferencias se experimentan tan sólo entre los «nueve» de la CEE. España, a nivel oficial, prefiere adoptar la táctica de no darse por enterada, lo que no deja de ser una postura cómoda ante las vacaciones estivales y las incógnitas políticas. Los representantes del Gobierno español, responsables de la negociación con la CEE, dicen y repiten que no tienen por qué pronunciarse hasta que el proyecto de mandato no supere el nivel de propuesta y sea oficialmente aprobado por el Consejo de Ministros de la CEE. No les falta razón, desde un punto de vista formal. Hay que esperar, como siempre.

Algunos países miembros acusan a la Comisión de haber tomado responsabilidades que no le corresponden, al elaborar un proyecto de mandato que va, una vez más, en dirección del libre cambio, aunque sólo sea parcial. Unos desarmes industriales recíprocos del orden del 80 por 100, por parte de la CEE, contra un 57 por 100 de lado español, constituyen, junto con el capítulo de productos siderúrgicos, derivados del acuerdo CECA, un intento de libre comercio industrial entre España y los «nueve». Varias capitales opinan que las cosas no están todavía maduras y que la Comisión tendría que haberse limitado, en su propuesta de mandato, a la simple adaptación del acuerdo actual para convertirlo en operacional al conjunto de la CEE de los «nueve».

Vienen después los países agrícolas de la CEE poniendo el grito en el cielo cuando analizan las concesiones agrícolas que la Comisión propone para España. La verdad es que no hay para tanto, sobre todo cuando el Mercado Común agrícola cuenta con suficientes medidas proteccionistas (precios de referencia, calendarios preferentes, contingentes, etc.), capaces de controlar, y eliminar si es necesario, cualquier tipo de preferencia agrícola a: un país tercero.

Los nueve, como demuestra el comunicado de prensa del último Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, del 20 de este mes, dan largas al asunto y encargan a sus embajadores representantes permanentes que «estudien» el tema después del verano. No será fácil que se pongan rápidamente de acuerdo entre ellos, paso previo a toda negociación con España.

España, como ha venido ocurriendo siempre hasta ahora en materia de relaciones con la CEE, va a remolque de los acontecimientos y espera, pacientemente, a ver qué es lo que caerá.

No parece que haya prisa por resolver una adaptación que, jurídicamente, debería funcionar desde enero de 1973, cuando Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca ingresaron en la CEE, desfasando el actual acuerdo, y originando la presente negociación.

La integración de Grecia

Entre tanto, hay que observar qué es lo que ocurre en materia de relaciones exteriores de la CEE en la zona mediterránea. Grecia se prepara a iniciar en firme sus negociaciones para la adhesión total al Mercado Común. El acto oficial se celebrará el 27 de este mes en Bruselas. Habrá problemas, pero se conoce el objetivo final: la adhesión total, probablemente, dentro de tres años, teniendo en cuenta la complejidad de las conversaciones y la ratificación parlamentaria de los acuerdos. Turquía, aun sin poder aspirar a convertirse en miembro de pleno derecho, por el momento, aprovecha la situación y presiona para conseguir una ampliación considerable de su acuerdo de asociación con la CEE.

Los quebraderos de cabeza, sobre todo agrícolas, que las negociaciones grecocomunitarias darán a los Estados miembros de la CEE, no serán pocas. Italia y Francia, en especial, piden ya compensaciones. Hay incluso quien habla de necesidad de reformar las estructuras mismas de la «Europa verde». A nivel burocrático, la entrada de Grecia supone una ayuda masiva de medios de información para sensibilizar a la opinión pública helénica, y una visión de futuro para acoger con todas sus consecuencias al «décimo» socio de la actual Europa de los «nueve».

España, mejor situada que Grecia, por su posición geográfica de frontera común con la CEE, y por su peso específico demográfico y económico, deja escapar su mejor oportunidad de engancharse al tren de la negociación CEE-Grecia, y convertirlo en una negociación «mediterránea» de adhesión de dos países (Grecia y España) al estilo de la negociación «nórdica», que practicó la CEE entre 1970 y 1972, con Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. Deja escapar el tren esencialmente por condicionamientos políticos.

¿Puede justificarse tan solo por motivos técnicos la lentitud de las actuales negociaciones «comerciales» España-CEE?

En Bruselas, y no sólo entre los ambientes comunitarios, hay más de un observador que opina que la parsimonia comunitaria en «dirigir» las actuales negociaciones tiene evidentes tonos políticos. La CEE, por muchos motivos, quiere creer en el proceso democratizador español y en la promesa de unas elecciones legislativas en la primavera de 1977 que, de ser verdaderamente democráticas, podrían desblocar los condicionantes políticos y permitir una negociación rápida de ingreso de España a la CEE, resolviendo conjuntamente los actuales interrogantes que se plantean ahora en Bruselas con motivo de la candidatura de ingreso de Grecia al Mercado Común.