Las tres centrales nucleares, en el País Vasco, "un atentado" contra la población

Las tres centrales nucleares que Iberduero, SA, pretende instalar en el País Vasco constituyen un serio atentado contra una población de más de un millón de habitantes, que viven en una zona que se consideraría de emergencia en caso de accidente. Esta es, quizá, la conclusión más grave que pudo alcanzarse en el transcurso de una mesa redonda celebrada en la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao sobre la problemática nuclear.Los participantes en la mesa se mostraron en todo momento opuestos a la instalación de dichas centrales, una de las cuales se encuentra ya en fase avanzada de construcción en el término vizcaíno de Lemoniz. La ausencia, por motivos personales, del doctor ingeniero Juan Carlos Zabalo, que inicialmente podía haber defendido la opción nuclear, dejó el diálogo reducido a una única tonalidad.

El mayor peso de las intervenciones recayó sobre el economista José Allende, especializado en planificación urbana y regional, que centró el tema en la inconveniencia de ubicar tres centrales nucleares paralelas al corredor poblacional existente entre Bilbao y San Sebastián.

En el caso concreto de la central de Lemóniz, afirmó que la densidad de población existente en un radio de 30 kilómetros (849 habitantes por kilómetro cuadrado) es al menos cuatro veces superior a la que se considera prudente en la legislación norteamericana.

Informó también de la inexistencia, en los tres proyectos, de un plan de emergencia debidamente elaborado. La razón -dijo- es bien sencilla: es imposible evacuar dentro de los plazos marcados por la ley a una población que supera el millón de habitantes.

En último término abundó en la hipoteca que dichas centrales suponen para el futuro de dichas provincias, en las que hoy mismo escasea el suelo disponible. Acusó, en este sentido, a la Corporación administrativa del Gran Bilbao, porque en ninguno de sus planes se hace referencia a la central nuclear de Lemóniz, siendo así que su construcción es un factor importante a considerar en la planificación comarcal, que tiende a dirigirse hacia las zonas costeras.

Desde el punto de vista jurídico, el abogado José Ramón Recalde, profesor de la escuela de Técnicos Empresariales de San Sebastián, expuso primero la propia inseguridad del legislador en esta materia, ya que los topes de emisión de gases radiactivos se han ido reduciendo a medida que se conocían mejor los efectos de la radiactividad.

Sobre la fiabilidad de la empresa que pretende llevar adelante estos tres proyectos, sus conclusiones fueron claras: «Los indicios que tenemos hasta ahora son poco favorables para la credibilidad necesaria en un terreno tan peligroso como éste. El único dato disponible es que la Dirección General de Energía autorizó la construcción de la central de Lemóniz en marzo de 1974, pero, ese mismo año, la empresa publicaba en su memoria las grandes fotografías, en las que podía verse terminada toda la cimentación. Se daría así el caso curioso de que la edificación podría ser legal, pero los cimientos son ilegales».

Tras señalar que estos hechos no favorecen la credibilidad de la empresa, citó el informe Dames and Moore, que denunciaba las deficiencias del informe geológico realizado para la central de Deva. El señor Recalde subrayó, por último, la absoluta falta de información acerca de unos proyectos que interesan altamente a todos, por las repercusiones que pueden tener sobre nuestro futuro.

Precisamente de ese futuro; en el terreno sanitario, habló con tonos sombríos el catedrático Juan Negueruela, que se refirió repetidamente al factor acumulativo de la radiactividad en el organismo. Reconoció que la ciencia no sabe todavía con exactitud cómo actúa esa radiactividad, aunque sí cabe afirmar que cualquier exposición, se acumula en las células sin borrarse jamás. «Frente a la energía eléctrica o mecánica, cuyas huellas desaparecen, la radiactividad se acumula y se transmite a través de mutaciones genéticas.»

Desde un punto de vista técnico, el profesor de la Facultad de Ciencias, José Ramón Echevarría, afirmó que en una central se producen escapes radiactivos de gases, algunos de los cuales, como en el caso del Tritio, tienen una vida que se prolonga por encima de los doce años. Sobre los sistemas de seguridad dijo que no había suficiente experiencia de funcionamiento

-Gran Bretaña rechaza las centrales de agua ligera que se pretenden instalar aquí- y que en todo caso se ha comprobado que la radiactividad provoca dislocaciones en los metales del circuito primario.