Trece asociaciones valencianas de vecinos esperan su legalización

De ofensiva ciudadana, puede calificarse la actuación planteada por varias asociaciones de vecinos en trámites de legalización, y asociaciones familiares que apoyan la solicitud de reconocimiento de este asociacionismo, al tiempo que emplazan, al alcalde de la ciudad para exponerle sus problemas en sus barrios respectivos.Son 13 las asociaciones de vecinos que tienen en trámite su legalización, superada una etapa en la que desde el Gobierno Civil, con Enrique Oltra Montó, recientemente sustituido y voluntariamente retirado de la política, existía la voluntad expresa de no dar curso a ninguna solicitud de este tipo.

Siete corresponden al casco urbano (Malvarrosa, barrio del Cristo, Benimaclet, Torrefiel, Nazaret, Orriols, Jesús-Gaspar Aguilar), y las seis restantes a poblaciones del área metropolitana (Parque Alcosa de Alfafar, San Roque de Silla, Puebla de Vallbona y la Forja, la Esperanza y la Victoria del puerto de Sagunto). Existió otra iniciativa más, la del distrito Botánico, pero fue retirada posteriormente.

La presidenta de la asociación de Benimaclet solicitó en nombre propio y de las 12 restantes asociaciones entrevistarse con el gobernador civil, Mariano Nicolás García, el pasado miércoles. La respuesta recibida por la solicitante sólo hizo alusión a que la legalización de su asociación estaba en marcha, sin hacer ninguna referencia a la mencionada entrevista. Con todo, representantes de todas estas asociaciones optaron por presentarse en la puerta del Gobierno Civil. Después de que un cabo de la Policía Armada, hechas las consultas oportunas, comunicase a la veintena de personas allí congregadas que el gobernador las recibiría la semana próxima, el secretario del Gobierno Civil, optó por recibirlas personalmente cuando éstas abandonaban las puertas del edificio. La presencia de la prensa e informadores, según parece, impulsó la determinación para realizar esta entrevista con carácter oficial.

A lo largo de la misma se contestó formalmente que el gobernador concretaría la fecha de entrevista para la semana próxima, mientras por otro lado, los trámites de legalización estaban siendo agilizados. De ser así, Valencia y los pueblos cercanos, en el breve plazo de una semana, se verían favorecidos por primera vez en su reciente historia de un asociacionismo que estuvo vetado por su autoridad gubernativa.

Los vecinos califican de situación de excepción la que se les ha hecho pasar, pues no han podido ejercer un derecho legalmente reconocido, así como tampoco han podido participar oficialmente en la gestión municipal y cultural, para evitar las agresiones urbanísticas de que son objeto.

Estas 13 asociaciones han solicitado, a su vez, entrevista con el alcalde para mañana sábado, a la una del mediodía, con el fin de exponerle la situación de tramitación legal en la que se encuentra y, subrayar la premura de su reconocimiento, con el fin de normalizar la organización de la gestión municipal que necesita contar con la opinión representativa de sus vecinos.

Esta ofensiva ciudadana viene respaldada por las asociaciones familiares constituidas, Benicalap Mislata, Dehesa, Cid, Fuensanta, Paterna y Alcira que, por depender de la Secretaría General del Movimiento, cuentan con unos años de funcionamiento, algunas de ellas no sin problemas, e incluso suspensión de actividades temporalmente. Estas siete asociaciones apoyan la iniciativa de entrevista con las dos autoridades, así como la rápida legalización de las 13 asociaciones.

Debate público

Una de ellas, la asociación familiar Dehesa, ha programado un debate público con el alcalde para esta tarde en el salón de actos del colegio de los Salesianos. Esta es la segunda vez que Miguel Ramón Izquierdo se somete a un debate de este tipo en el plazo de un mes. La primera fue con los vecinos de Torrefiel en el mismo local.Cerca de mil personas trataron en aquella ocasión los problemas de asfaltado y alcantarillado, exigiendo al Ayuntamiento que la normalización de éstos afecte directamente a las constructoras y no a los contribuyentes. Se trató el tema del alumbrado, siendo la postura municipal en este punto afirmar que su puesta en marcha supondría veinte millones de pesetas a pagar por los vecinos, corriendo el Ayuntamiento con los gastos de la cuarta parte. Los vecinos recordaron su derecho a tener luz gratis, pues en estas condiciones habían comprado las viviendas, subrayando de nuevo que las constructoras debían ser los costeadores de la infraestructura urbana. Finalmente fue tratado el tema de las escuelas.

Este orden del día, fijado por el alcalde en aquella ocasión, parece ser el que se debatirá esta tarde con la asociación familiar Dehesa. Desde la Alcaldía se está tomando conciencia de que Valencia también son los barrios y que sus temas hay que debatirlos cara a cara con los vecinos, aunque esto entrañe los riesgos de oír que «están abandonados todos los barrios periféricos donde viven los trabajadores» -como dijeron los vecinos de Torrefiel-, mientras las zonas céntricas, glorieta o plaza de la Virgen, merecían todo tipo de cuidados por ser el hábitat de la burguesía ciudadana. En aquella ocasión también formularon acusaciones como: «No tenemos ningún medio de control en las decisiones y actuaciones del Ayuntamiento, pues ni siquiera éste ha sido elegido democráticamente.»