La reforma política, ante el Mercado Común

UNA DE las incógnitas que suscita la reforma política en curso es la de su utilidad o suficiencia de cara a la inserción de España, como miembro de pleno derecho, en la Comunidad Económica Europea. A nuestro juicio, los proyectos reformistas son, desde esta perspectiva, claramente insuficientes. Tal y como están concebidos no suponen la institucionalización de un régimen democrático en sentido riguroso; sólo inician una fase de transición predemocrática de incierto final.Es de prever por tanto que, a corto plazo al menos, los obstáculos políticos a nuestra integración en Europa no desaparezcan por completo. Pero la existencia de tales obstáculos, sin duda ciertos, no deben ocultar la otra cara de la moneda, a saber, la incidencia de serias razones económicas en la actitud de ciertos países comunitarios, para oponerse a nuestro ingreso en el Mercado Común.

Conviene, en consecuencia, deslindar cuidadosamente los dos planos en que se han de desenvolver nuestras relaciones con la Comunidad Económica Europea: el político y el económico. Es obvio que habremos de cumplir debidamente los requisitos de índole política. Pero una vez establecido un sistema democrático de gobierno habrá que pedir a la Comunidad Europea que no imponga a España condiciones económicas inaceptables, para amparar intereses egoístas de aquellos miembros que puedan resultar más afectados por la incorporación española.

En el momento actual precisamente tienen mucho de inadmisible las exigencias comunitarias para formalizar un nuevo concepto España-CEE que sustituya al Acuerdo Comercial de 1970 hasta que se inicien las negociaciones para la futura adhesión.

En efecto, la comunidad, para otorgar determinadas concesiones agrícolas, requiere que España acepte una reducción sustancial de sus aranceles para los productos industriales, reducción que habría de llevarse a cabo en el marco del vigente acuerdo preferencial o mediante un compromiso de zona de libre cambio para los productos de nuestra industria. En suma, ello equivale a pedir a España que, en el terreno industrial, sacrifique un arancel medio favorable, un 13 por 100, (frente a un arancel de la CEE del 3 por 100), sin que, paralelamente, se conceda un trato igual a los productos agrícolas españoles en relación con las preferencias de que gozan los mismos productos de otros países comunitarios.

Ni que decir tiene que, de cara a una incorporación de pleno derecho, y particularmente durante la fase de transición, la actitud de la comunidad debe ser muy otra. Tendrá que ser más generosa. De lo contrario, la democracia a la que habremos de llegar, y cuya fragilidad inicial será inevitable, puede correr serios peligros, perjudiciales no sólo para España, sino también para el propio Mercado Común.