García-Pablos: "El proyecto de Instituto del Consumo es antidemocrático

Hace poco menos de una semana el señor García-Pablos, presidente de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), convocó una rueda de prensa para expresar lo que esta organización pensaba de algunos temas relacionados con el consumo, como la participación en el Instituto Nacional del Consumo, la nacionalización del Metro, su repercusión en el usuario y un largo etcétera.En una entrevista concedida a EL PAIS, el señor García-Pablos ha informado que la OCU ha convocado una reunión de organizaciones nacionales de consumidores, amas de casa, consejo de trabajadores y cooperativas de consumo, para hacer un estudio que reúna sus planes y su participación en torno a, la creación del Instituto Nacional del Consumo y del Consejo de los Consumidores.,

«La OCU está sorprendida, dice el señor García-Pablos, de que todos los Ministerios afectados no hayan figurado en el decreto de noviembre de 1975, donde el diálogo entre la Administración y consumidores se reduce a Comercio». Otra aportación que esta organización hace al proyecto del Instituto es que el voto de la Administración sea sólo consultivo y no deliberativo, para que de esta forma sean los consumidores los que tengan auténtica soberanía en el gobierno del Instituto. De la misma forma, la OCU no es partidaria de que sea el Gobierno quien designe al presidente y vicepresidente, ya que entiende que este es un derecho de los consumidores. Al menos, que el presidente sea propuesto por medio de una terna, y el vicepresidente, elegido libremente en elecciones.

El Instituto, a punto de ponerse en marcha

El Instituto Nacional del Consumo está a punto de ponerse en funcionamiento después de más de medio año de espera, desde que se transformó partiendo del antiguo Consejo de Comercio Interior, en noviembre de 1975. Se sabe que la sede va a estar en Barcelona, y se conoce el decreto que lo regula; lo que todavía se ignora es si su aplicación va a ser tal y como está escrito, la persona que lo va a presidir, cómo se va a formar el Consejo de los Consumidores dependiente de este Instituto.«En cuanto al Consejo de Consumidores, sigue el señor García-Pablos, la OCU estima que no debería estar vinculado al Instituto. Los consumidores deben disponer de un órgano propio de carácter consultivo en torno a la Presidencia del Gobierno, como ha sido propuesto en otros países. No debería estar la Administración, como parece que no va a estar en las organizaciones patronales o en los sindicatos obreros. Los consumidores no aceptan ser ciudad anos de segunda y tener un trato discriminatorio respecto a su interlocutor económico.» «La OCU debe manifestar con toda franqueza que no comprende cómo puede ponerse en marcha un Instituto del Consumo frente a los consumidores y no con ellos.»

Este decreto, del que ya se recogía algo en el proyecto del IV Plan de Desarrollo, es, al parecer, copia del que existía en Francia. - «En España, dice el señor. García-Pablos, no tenemos con rango de ley ninguna disposición que reconozca los cinco derechos fundamentales del consumidor definidos en la carta de Strasburgo; tampoco tenemos una ley-cuadro como la propuesta recientemente en Francia por las organizaciones de consumidores. Existe alguna semejanza con el Instituto del Consumo, de Francia, pero nos apartamos en muchos puntos sustanciales. Nuestro decreto es de alguna manera represivo y antidemocrático, aparte . de que da pasos atrás con respecto al anterior Consejo de Comercio Interior.»

Preguntarnos al señor García-Pablos si la OCU sirve realmente para defender al consumidor, ya que hasta el momento ha estado presente muy pocas veces en las acciones que en este sentido se. han hecho, aunque, a pesar del poco tiempo que lleva funcionando, ya ha creado seis organizaciones de usuarios: la de la energía, del teléfono y de la telecomunicación, del transporte, de la vivienda, del seguro público y privado, y del dinero y el crédito.

«Hasta ahora el consumidor español, responde el señor García-Pablos, ha estado obligado a pagar y callar, a aceptar recibos sin ningún tipo de control ni de información. El consumidor quiere acabar con el secreto administrativo, comercial e industrial que conduce a su indefensión frente a los todopoderosos.» «Sin embargo, lo peor de todo, continúa, es que los Gobiernos participan, a veces, como socios de estas compañías que prestan los servicios, convirtiéndose así en jueces y parte, y empañando a los ojos del público la independencia y la objetividad de sus decisiones económicas.»

Las tarifas eléctricas

A nivel particular, como abogado y ciudadano independiente, el señor García-Pablos, protagonizó el año pasado un recurso contra la última subida de las tarifas eléctricas, al que se unió un abogado de Castellón. Las últimas noticias, en este sentido, son que el pasado 13 de mayo la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha solicitado a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Industria que remitan la documentación. Al parecer, el Tribunal Supremo ha pedido a Presidencia del Gobierno que manifieste si el proyecto de decreto aprobado en la sesión de Consejo de Ministros del 24 de enero del 75, donde se subían las tarifas eléctricas que o no distribuido a los señores ministros, conforme a lo establecido por la ley de Régimen Jurídico de la Administración.«El valor de esto estriba, dice García-Pablos, en que la Presidencia del Gobierno ha puesto a disposición del Tribunal Supremo documentos administrativos que hasta ahora permanecían fuera del alcance de la opinión pública, como el informe de la Junta Superior de Precios, en el que se manifiesta contraria a la subida.»

«Ahora tenemos otro tema entre manos, declara el presidente de la OCU, el tema de las garantías respecto a los vicios ocultos de un automóvil, pues aunque es un tema planteado por un particular, creemos que es de interés general. Vamos a ver si las prácticas comerciales del, vendedor que limita la garantía de un automóvil a seis meses no se contradice con lo que dice el Código Penal en este sentido.»