Descontento entre los contratados del Instituto de Investigaciones Agrarias

Alrededor de quinientos trabajadores contratados del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), no han visto renovado su contrato desde el pasado mes de enero. De ellos, más de doscientos llevan sin cobrar desde el mes de abril. Esto ha motivado que exista, en estos momentos, un generalizado sentimiento de precariedad y malestar entre todo el personal contratado, que es prácticamente la mitad del total.

A principios del mes de marzo se ponía de manifiesto este descontento con la publicación de un anuncio en el que se ofrecían casi cuatrocientos trabajadores contratados.Desde entonces hasta ahora, la situación ha continuado prácticamente estacionaria. El próximo viernes, el presidente del INIA va a recibir a una comisión de contratados y se espera que de esta reunión se conozcan nuevos detalles sobre el asunto. En este sentido, un portavoz del INIA ha declarado a EL PAIS que «todos los contratos van a ser renovados. Posiblemente este mes de junio se tengan las confirmaciones y se puedan cobrar los atrasos».

El INIA fue creado en 1971 como organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Agricultura. Responde entonces a la fusión del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, el Patronato de Biología Animal y el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias.

El presupuesto del INIA, según han informado fuentes oficiosas, ha venido disminuyendo en los últimos tres años y en estos momentos se aproxima a los 1.200 millones de pesetas. Los trabajadores afirman que sobre él pesa el aparato burocrático -que se llevaría cerca del 40 por 100-, mientras que el citado portavoz ha recalcado que el presupuesto «se halla hipotecado por multitud de compromisos anteriores, y la cantidad destinada a administración es menor de lo que se piensa».

La fusión de los tres organismos antes citados, con el mantenimiento de sus estructuras administrativas prácticamente al completo, parece ser la causa que está provocando gran parte de los problemas, ya que se han sumado los tres aparatos burocráticos, según la opinión de los investigadores. Las fuentes oficiales consultadas por EL PAIS han reconocido un «cierto anquilosamiento» del Instituto, y han afirmado que «se está estudiando una mayor agilización».

Para los contratados, este ambiente rígido ha supuesto una dificultad para el desarrollo de la investigación en los últimos años y a él se debe el malestar del personal. Dicho malestar motivó el pasado mes de marzo la presentación de un escrito a varios ministerios, en el que se formulaban una serie de reivindicaciones que eran consideradas de «estricta justicia». Entre ellas, la petición de que los contratados fueran confirmados, la equiparación de sueldos con los funcionarios -que ahora cobran alrededor del 20 por 100 más que los contratados a igualdad de trabajo- y la sustitución, de los contratos administrativos por laborales fijos.

En este sentido, el portavoz del INIA ha declarado a EL PAIS que este deseo de los trabajadores, de acceder a la plantilla «es una de las mayores preocupaciones del Instituto».

El personal contratado -investigadores en gran parte- ha manifestado su preocupación, asimismo, por el desconocimiento que tienen de la política de investigación que piensa seguir el INIA. Basán su preocupación, precisamente, en los elevados gastos que le ha supuesto al país la formación antes citada de investigadores y especialistas -con estudios en el extranjero en muchos casos- y el desaprovechamiento práctico que se próduce en última instancia.

En cuanto al problema de los contratados, citado al principio, ha querido recordar que «todos los años se retrasa la renovación de los contratos y nunca ha pasado nada. Si no se denuncian, se supone que siguen en vigor». El retraso de este año se ha debido, según se nos ha confirmado, a que casi la mitad de los contratados verán renovada su relación por dos años -hasta diciembre de 1977- y no por uno como era habitual.