"Durante 40 años se ha minimizado la unidad de España"

En la tarde de ayer finalizó el primer seminario sobre Areas regionales, con asistencia de 24 presidentes de diputación. La rueda de prensa mantenida con el director general de Administración Local, Antonio Gómez Picazo y las conclusiones elaboradas por los asistentes constituyen las dos coordenadas informativas más adecuadas para valorar su trascendencia.

El señor Gómez Picazo se preguntó, en voz alta, si la ley de Bases de Estatuto de Régimen Local (LBERL), aprobada la víspera de la muerte del general Franco, y que debe ser articulada en el plazo de un año, seguía teniendo vigor en sus postulados fundamentales. «Ofrece una serie de posibilidades jurídicas -dijo- que en su inmensa mayoría tienen virtualidad para ser desarolladas en una nueva etapa crítica y transitoria de la Administración central.En este sentido los asistentes al seminario han aprobado, como conclusión primera, la necesidad de configurar los entes regionales, como objetivo inexcusable y forma de enriquecer el régimen local, mediante la redistribución, a nivel territorial, del poder público. «La región que tiene un fundamento histórico -enuncia la conclusión segunda-, ya que, de la tradición nace la región, exige una base actualizada y reaccional y por tanto, debe estructurarse respetando siempre al estado del que cada una de ellas es parte inseparable».

Antonio Gómez Picazo dijo que, quizás, estos cuarenta últimos años se «había minimizado la unidad de nuestra piel de toro, pues una política centralizadora ha ofuscado lo que existe en nuestro país. Tenemos una unidad armonizada perfectamente, compatible con las autonomías y peculiaridades». Auguró una nueva etapa en la que resplandecería la trabazón de los que convivimos en el mismo territorio geográfico.

Este seminario ha reunido por primera vez a presidentes de diputaciones de toda España para tratar colectivamente del tema regional. Esto ha originado que los privilegios y desequilibrios regionales fuesen compensados por una nueva forma de reestructuración del problema regional. La conclusión tercera confirma, en este sentido, la problemática debatida. Señala que la nueva regulación debe defender los siguientes principios:

1.- Generalidad, que supone exclusión de todo regionalismo de privilegio.

2.- Igualdad, pues en modo alguno el regionalismo ha de sey instrumento de discriminación entre territorios. «La regionalización debe incorporar la promoción social y desarrollo de los territorios más deprimidos».

3.- Solidaridad para hacer viables estos dos principios anteriores.

4.- Autonomía que significa atribución de un ámbito de decisión propia, sin prejuicios de competencias compartidas con otras administraciones públicas.

5.- Pluralidad de formas regionales.

6.- Legalidad de todo proyecto de autonomía, que deberá ser votado por las Cortes.

Entre las regiones privilegiadas se mencienaron Alava y Navarra. Según Gómez Picazo, la revisión de las cifras de los conciertos de estas provincias no exigen nuevas leyes, sino acuerdos entre el Ministerio de Hacienda y las diputaciones correspondientes. No deben significar símbolos regionales discriminatorios, pues es cuestión política su existencia, ya que jurídicamente no exigen revisión. «El hecho de que haya dos errores, no supone que tenga que haber cincuenta». Sin este sentido señaló que no es posible repetir el caso de estas dos provincias, pues sería «vestir con un traje pequeño a un señor grande», dada la nueva situación española.

Señaló que la constitución de comisiones no supone un privilegio, pues han sido creadas como instrumento de rodaje y experimentación. Sobre el caso catalán fue claro, coincidiendo con unos momentos de ausencia de Juan Antonio Samaranch, que presidia la rueda como presidente delconsejo rector del Instituto de Estudios de Administración Local: «A los catalanes les interesa más un reconocimiento de su cultura, de su catalaneidad, que unos privilegios económicos, pues despertarían recelos en otras regiones».

El párrafo segundo, base cuarta, de la ley de Bases de Régimen Local, rompió, según Gómez Picazo, las líneas de la democracia orgánica. Conseguía que los electores de los concejales fuesen directamente los vecinos pero, ¿y los elegibles?, ¿seguirán procediendo de los cauces orgánicos, familia, sindicato y corporaciones, en la futura articulación de la ley?». De esta forma respondía a la pregunta sobre incidencia que el reconocimiento de los partidos políticos iba a tener sobre la ley de Bases. Añadió «la reforma olvida el mandato imperativo. Al haber partidos tendrá que haber política de partidos».

La conclusión cuarta del seminario afirma que no existe regionalismo si no se da una Hacienda suficiente. La universalidad del tratamiento financiero ha de restablecer el equilibrio territorial, dentro de un régimen general. Cualquier concierto económico o régimen especial tendrá que ser discutido en las Cortes, pues, «las razones meramente históricas no son, por sí solas, suficientes para justificar el reconocimiento de un régimen especial». Se propone la creación de un fondo de compensación regional que impida la discriminación entre regiones pobres y ricas.

En su quinta conclusión, las mancomunidades provinciales son valoradas como base de la constitución de futuros entes regionales. El señor Gómez Picazo también se mostró esperanzador sobre este particular, señalando que «el articulado de la ley de Bases, permite un juego tremendo».