Cataluña, España y el federalismo

La sociedad española tiene planteados dos problemas básicos de cuya pronta resolución depende claramente su futuro. Uno de ellos es el de la salida de la presente crisis económica. Una salida que a diferencia de las precedentes, practicadas bajo los gobiernos de Franco, no debe realizarse a expensas de los sectores populares, ni tampoco puede ser una mera respuesta coyuntural que simule resolver el problema en base a aplazarlo: la socorrida técnica de huir hacia adelante debe descartarse de una vez por todas.El segundo problema es el de la democratización de las estructuras políticas. A éste, en concreto, es al que desearía referirme en esta ocasión. Es evidente, y casi no necesario recordarlo una vez más, que. la democracia exige como condiciones básicas generales lo que el Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español recordaba en su última declaración del 13 de mayo:

- La convocatoria de unas elecciones generales promulgadas bajo decreto-ley y en régimen de sufragio universal, directo y secreto.

- La derogación de las normas legales y la reforma de los artículos del Código Penal que prohíben la existencia de los partidos políticos.

- El reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales de libre expresión, reunión y manifestación.

Todos estos puntos definen la alternativa democrática a la que aspiran la mayoría de los ciudadanos.

Pero también es evidente, que la democracia no se agota con la libertad para organizar el pluralismo, ni en el sufragio universal: empieza con ello, pero no finaliza en ello. Porque la esencia de la democracia, del predominio de las decisiones colectivas sobre cualquier otro tipo de instancia, radica precisamente en su carácter de construcción cotidiana. Mas este quehacer diario resulta imposible sin una participación de la persona en los ámbitos más inmediatos, en donde se definen y realizan las decisiones políticas. El Estado moderno, este Estado que rige nuestra sociedad de 35 millones de habitantes, industrializada, urbana y a un tiempo rural, sujeta a profundos procesos de cambio, compleja en definitiva, no puede continuar, y menos bajo una concepción democrática con una organización centralista del propio Estado. En el fondo esto está tan claro que nadie hoy toma la defensa del Estado centralista... al menos directamente.

Los actuales defensores del centralismo hablan hoy de regionalización, entendiendo como tal un simple proceso de descentralización del actual y atosigado aparato administrativo, lo cual equivale a esquivar el meollo de la cuestión, porque democratizar a nivel territorial la estructura del Estado tiene poco que ver con la simple racionalización administrativa del mismo. No, la cuestión central del asunto es otra. Concretamente se trata de reconocer a los países y regiones que componen España la capacidad política para autogobernarse.

Las capacidades y atribuciones de este autogobierno pueden ser objeto de negociación, pero en cualquier caso, lo que no resultaría negociable es el principio de derecho que fundamenta el acceso a aquéllas capacidades.

Bajo este planteamiento, el único que puede asegurar un futuro basado en la justicia, la libertad y la solidaridad entre los diversos pueblos del Estado español, existen diversas posibilidades. Una de ellas es la de la puesta a punto de fórmulas autonómicas o estatutos especiales para aquellas comunidades territoriales que así lo deseen. Ésta fue la respuesta utilizada en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña dé 1932. Es evidente que ésta podría ser una respuesta positiva y de general consenso, como claramente lo explicitó la reivindicación común en el caso de Cataluña, de todos los partidos que forman parte del «Consell de Forces Polítiques», que proponen la recuperación del Estatuto, no tanto en sus contenidos concretos, necesariamente revisables, como por lo que significa de reconocimiento de unas determinadas facultades de autogobierno, de institucionalización política, en definitiva.

Mas si ésta es una respuesta válida, lo es sólo como paso inicial, ya que el modelo definitivo de organización debe poseer un carácter federal para todo el Estado. La experiencia histórica nos indica que la existencia de estatutos particulares permite una fácil manipulación por parte de las fuerzas contrarias a la democracia, presentando como un «privilegio» algo que simplemente es el reconocimiento de unos derechos colectivos.

Así mismo, los cambios registrados en los casi cincuenta últimos años y, en especial, los producidos por la exacerbación centralista del régimen de Franco, han provocado unos profundos desequilibrios socioeconómicos entre las distintas regiones españolas, que ha motivado por parte de éstas una progresiva y definida toma de conciencia contraria a la perduración del centralismo y favorable a la respuesta basada en la capacidad para autogobernarse.

Estos dos factores, riesgo de manipulación de la opinión pública, respecto al caso de Cataluña, y la necesidad dé iniciar un proceso de redistribución territorial del desarrollo, conllevan lógicamente la aplicación de un modelo federal, que en Europa, cuenta, entre otros, con las positivas experiencias de Alemania y Suiza.

En este marco federal, las libertades de Cataluña pueden encontrar su mejor salvaguarda, como el resto del Estado español puede encontrar en Cataluña el más decidido componente pata la construcción de una sociedad justa y democrática.