El escándalo de las petroleras francesas se politiza

La confrontación es total entre el poder político y el judicial como consecuencia del escándalo de las petroleras, centrado actualmente en lo que se llama el asunto Ceccaldi. Este magistrado de Marsella, según acusación del dirigente socialista y alcalde de la misma ciudad, Gaston Defferre, recibió indicaciones oficiales destinadas a hacer «olvidar» un pleito en el que están implicadas todas las grandes compañías petrolíferas. Al no prestarse al juego, Ceccaldi ha sido trasladado por el ministro de Justicia, señor Lacanuet, pero el magistrado no acepta su nuevo puesto en una villa del norte francés, amenazando con revelar el dossier de las petroleras. Paralelamente, ayer la prensa comunista daba nombres, de altas personalidades y de compañías, implicadas en el dinero que se supone suministran estas últimas a los partidos políticos.Ayer, el ministro de Justicia tuvo que hacer frente en la Asamblea, Nacional a un vendaval de preguntas y de insinuaciones, todas ellas destinadas a probar que el traslado del magistrado de Marsella es un «castigo» destinado a en cubrir la actuación de las petroleras. Para Lecanuet, sin embargo, se trata de un «montaje» fabricado por la oposición, y pasado el plazo reglamentario anuncia medidas disciplinarias contra Ceccaldi si éste se incorpora a su nuevo puesto.

El Sindicato de Abogados de Francia afirma que «los argumentos del ministro de Justicia no resisten el más mínimo examen serio». Otros organismos resaltan también el carácter político de la cuestión.

La politización, por otra parte, parece evidente ante calendas electorales que -como nunca en el pasado- enfrentarán al régimen y a la izquierda, sin perder de vista la influencia que ejercen en Francia las posibilidades de gobiernos socialistas en Italia y en Portugal.

El Partido Comunista, por su lado, no pierde ripio. Fue el primero que alertó a la opinión sobre el escándalo de las petroleras. Pero fue Defferre quien puso el dedo en la llaga del escándalo, aprovechando el dossier de Marsella, que, según el diputado socialista, compromete al presidente de la República, al primer ministro y al ministro de Justicia. El órgano oficial del Partido Comunista L'Humanité, en un editorial denuncia al señor Tomasini, secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, y al director general de la agencia Havas, como instrumentos que han servido para el trasiego de dinero entre las compañías y los partidos políticos de la mayoría gubernamental.

Tomasini, según la fuente indicada, parece recibió un cheque de doce millones de pesetas cuando en 1971 era secretario general de la UDR (gaullista) por haber permitido la implantación de una fábrica de petróleo en Vernon, en la región de la que él era consejero general. Jean Meo, que, había sido el director de la Unión General de Petróleos y director general de la compañía ELF, fue promocionado a director general de la agencia Havas, controlada en parte por el Estado, al día siguiente de la elección presidencial.