Neymar irá a juicio por corrupción en su contrato con el Barcelona a un mes del Mundial de Qatar
El expresidente Sandro Rosell se sienta de nuevo en el banquillo tras su absolución por las comisiones en Brasil
La relación entre Neymar y el Barça ha desembocado en una de las mayores sagas judiciales del mundo del fútbol. El último episodio se estrena el próximo 17 de octubre en la Audiencia de Barcelona, día en el que está previsto que comience el juicio contra el delantero brasileño y contra otras cinco personas por presunta corrupción en su contrato con el club azulgrana. La fiscalía pide dos años de cárcel para Neymar, que afronta una vista oral a un mes escaso del inicio del Mundial de Qatar. En el banquillo de los acusados le acompañarán, por los delitos de corrupción entre particulares y estafa, sus padres, dos expresidentes del Barça (Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu) y un exdirectivo del Santos, su antiguo club. El FC Barcelona figura como persona jurídica y la Fiscalía le reclama el pago de 8,4 millones de euros.
El juicio es la consecuencia (tardía) de una denuncia impulsada hace siete años por DIS, una empresa brasileña especializada en el mercado del fútbol que se siente perjudicada y estafada con el fichaje de Neymar por el Barça. La firma era propietaria del 40% los derechos federativos del jugador cuando militaba en el Santos de Sao Paulo, desde donde llegó a Barcelona. Los había adquirido en 2009, cuando el delantero apenas tenía 17 años, por un precio equivalente a unos dos millones de euros. DIS, que pertenece al Grupo Sonda -un conglomerado con supermercados, gasolineras e inmobiliarias que en Brasil emplea a más de 10.000 personas- considera que fue víctima de un engaño urdido por el jugador, sus familiares y el Barça y reclama una indemnización de más de 150 millones de euros.
La empresa y la Fiscalía -que mantiene un relato muy similar sobre lo ocurrido- consideran que en 2011 el jugador y su padre, Neymar da Silva Santos, firmaron dos contratos simulados con el Barça al tiempo que obviaban que los derechos del futbolista pertenecían al Santos y a DIS. Uno de esos contratos, por 40 millones, sirvió presuntamente para atar el fichaje antes de que quedara libre en el mercado y se hizo, supuestamente, a espaldas de los afectados. “El Barcelona y el jugador se saltaron las normas de la FIFA y alteraron la libre competencia en el mercado de fichajes”, afirmó la empresa en 2016, cuando, una vez completada la investigación judicial, se presentaron los escritos de acusación.
Aunque la Fiscalía pide dos años de cárcel para Neymar y el pago de una multa de diez millones, la empresa eleva la petición a cinco años y solicita que se le inhabilite, durante el mismo periodo de tiempo, para jugar a fútbol. También pide cinco años para sus padres. La fiscalía se muestra en este punto mucho más reservada: pide dos años de cárcel para el padre y uno para la madre.
Nuevo golpe para el Barça
La investigación se inició en la Audiencia Nacional, pero ha acabado recayendo en la Audiencia de Barcelona después de un tortuoso periplo judicial que ha alargado la resolución del conflicto. El juicio por los delitos de corrupción entre particulares y estafa se celebra en siete sesiones hasta el 31 de octubre y supone un nuevo golpe para el Barça a propósito del caso Neymar. En 2016, el club aceptó pagar 5,5 millones de euros por dos delitos fiscales en la operación que culminó con el fichaje de Neymar, ahora en las filas del Paris Saint-Germain. Fue una sentencia de conformidad que convirtió al Barça en el primer equipo de fútbol condenado como persona jurídica. Aquel pacto con la Fiscalía permitió exonerar de responsabilidad al entonces presidente, Josep Maria Bartomeu, y a su antecesor, Sandro Rosell, que afrontaban penas de prisión.
El juicio de octubre vuelve a poner en la picota a los dos expresidentes del Barça. Tras permanecer 21 meses en prisión provisional por el presunto blanqueo de comisiones con partidos amistosos de la selección brasileña, Rosell fue absuelto en 2019. No fue, sin embargo, el final de sus problemas legales. El expresidente afronta una petición de dos años y nueve meses de cárcel por defraudar más de 230.000 euros a Hacienda en 2012 a través de una empresa de su propiedad. Y el asunto Neymar vuelve a cercarle ahora: la Fiscalía pide para él cinco años de cárcel, aunque DIS eleva la petición a ocho años.
En el juicio de octubre, solo DIS pide cárcel para Bartomeu (también ocho años) porque la Fiscalía considera que no hay pruebas de que, como vicepresidente en 2011, conociera que se estaba llevando a cabo una negociación para el fichaje a espaldas del Santos. Pero, por otros motivos, Bartomeu tampoco tiene ante sí un horizonte judicial plácido. Fue detenido -y permanece investigado- por haber utilizado dinero del club para encargar trabajos que supusieron la difamación, en redes sociales, de jugadores y opositores del expresidente. Hasta 2020, el Barça pagó por 2,3 millones por esos trabajos, buena parte de ellos destinados a mejorar la reputación personal de Bartomeu.
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