Josep Maria Bartomeu, acorralado por el Barçagate
Dos directivos señalan al expresidente como el ideólogo de la contratación I3 Ventures, empresa dedicada a difamar al entorno del Barça


El Barçagate acorrala al expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu. El exdirector general Òscar Grau, como también el exjefe de los servicios jurídicos Román Gómez Ponti, señalan a Bartomeu como el ideólogo de la contratación de la empresa I3 Ventures, dedicada tanto a mejorar la imagen pública del presidente como a difamar a opositores, a jugadores y a diferentes personas del entorno azulgrana. La mano derecha del expresidente, Jaume Masferrer, quedó fue el elegido como el encargado de ejecutar el plan ideado por el exdirectivo azulgrana. Tanto Ponti como Grau estaban citados este lunes a declarar como investigados por un supuesto delito de corrupción en los negocios y administración desleal.
Según Felipe Izquierdo, abogado del colectivo Cor Blaugrana, presente en la causa como acusación popular, Grau y Gómez-Ponti coincidieron en la implicación del expresidente en el Barçagate: “Fueron encargos directos que les dio Bartomeu”, comentó Izquierdo. Y añadió: “Además, Grau dijo que, si es una orden de la presidencia, no se discute”. El Barcelona desembolsó 2,3 millones de euros a la empresa I3 Ventures durante un periodo de tres años. Para indagar si el club había pagado un sobreprecio por este servicio, Bartomeu decidió contratar, según Gómez-Ponti en su declaración ante el juez, a la consultora PriceWater HouseCoopers. Un servicio de auditoría por el que el Barça pagó 600.000 euros y que concluyó que no hubo corrupción ni sobreprecios en la contratación de I3 Ventures.
“Bartomeu dio la orden porque ni Grau ni Gómez-Ponti tenían las competencias ni tenían por qué cuestionarlo”, apuntó el abogado del Barcelona, Carles Monguilod, que pidió prudencia y paciencia hasta que finalice la investigación. Gómez-Ponti y Grau fueron detenidos el 1 de marzo junto a Bartomeu y Masferrer. El expresidente y su mano derecha, sin embargo, se acogieron al derecho a no declarar, mientras que el exdirector general y el exjefe de los servicios jurídicos fueron puestos en libertad después de ingresar en comisaría.
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