El dilema del relato de la violencia

Repasar las noticias sobre agresiones sexuales publicadas desde el 1 de septiembre pone los pelos de punta por su frecuencia. Son más de 20 casos, en diversas fases de investigación, proceso penal o condena. Algunos con gran eco, como el juicio en Aviñón (Francia) contra Dominique Pelicot por drogar y entregar a su esposa sedada a medio centenar de hombres; las denuncias de varias exempleadas contra el antiguo dueño de Harrods, el magnate Mohamed Al Fayed, ya fallecido; o la demanda múltiple contra el rapero y productor musical Sean Combs. Otras, la mayoría, están repartidas por toda España y señalan a hombres de todo tipo: desde el trabajador de una residencia a un exseleccionador nacional de baloncesto femenino.

Uno de estos últimos casos, la condena a un médico de León por agredir sexualmente a una paciente en la consulta, ha suscitado la queja de dos lectoras por el tratamiento informativo. Incluir entrecomillados de la sentencia “acerca más el enfoque periodístico a una erotización que a una condena de los hechos. Es sencillamente asqueroso e innecesario”, afirma Alba Pérez Cadenas. “No creo que el periodista tenga que especificar con tanto detalle el crimen”, escribe Guadalupe Ruiz Fajardo. “Es morboso y contrario a los intereses de la víctima”.

El contexto en el que se da esta petición es el que me lleva a abordar aquí el asunto. No solo por el número de noticias de agresiones, sino por la llamada de atención que ha causado el gesto de gran dignidad con el que la ciudadana francesa Gisèle, antes Pelicot, se ha expuesto ante las cámaras para reclamar que la vergüenza cambie de bando. Pese a ello, y aunque existen numerosas grabaciones que prueban los hechos, las defensas han puesto en duda su versión y ella ha tenido que insistir en el juicio para que se proyecten las imágenes, dada la inicial reserva del tribunal penal de Aviñón, que las consideraba “indecentes e impactantes”.

En España, Conchi Granero siguió su ejemplo la semana pasada y a cara descubierta narró en una carta publicada por este periódico el calvario que sufren las víctimas que deciden denunciar, cuyo testimonio se cuestiona. Sin olvidar cómo el estreno de una película ha recordado el inmisericorde reproche social que sufrió la exconcejala Nevenka Fernández tras denunciar en 2001 al entonces alcalde de Ponferrada (León), Ismael Álvarez, que luego fue el primer político español condenado por acoso sexual.

Precisamente para tener en cuenta la especial situación de las víctimas, EL PAÍS amplió en 2021 la definición de violencia machista en el Libro de Estilo para incluir en ella todas las formas de violencia contra la mujer ―incluidas las agresiones sexuales y la violación―, como establece el Convenio de Estambul, ratificado por España. Desde entonces, en estos casos, el tratamiento informativo debe seguir un protocolo, que abarca no culpar a la mujer de las agresiones, protegerla bajo el anonimato o que la acción se centre en el autor, entre otras medidas.

Pablo Guimón, redactor jefe de Sociedad, explica que, tras un debate interno en la sección, tomó la decisión de que el relato detallado era pertinente porque el condenado, médico de atención primaria en El Bierzo, cometió los abusos en su consulta a una paciente joven durante una supuesta exploración ginecológica. Le pareció relevante explicar cómo abusaba de su situación de poder y sobrepasaba los límites de lo admisible en una exploración médica.

“Nuestro trabajo es reflejar la realidad y esa es la realidad: lo que es duro son los hechos y esa violencia es la que puede, y debería, molestar. No podemos neutralizar, minimizar, ni blanquear la bestialidad de las agresiones”, afirma Isabel Valdés, corresponsal de Género, que subraya que en este caso el relato sigue el protocolo y solo reproduce entrecomillados de la sentencia. Es el mismo tratamiento que han seguido las otras noticias. Por ejemplo, junto a la carta de Conchi Granero se incluían citas de la sentencia de la Audiencia de Barcelona donde se narra la agresión que sufrió.

En busca de una mirada ajena al periódico, acudí a la periodista Isabel Coello, autora del podcast La Casa Grande, en el que muestra el trabajo del centro de recuperación de mujeres maltratadas más antiguo de España a través del proceso de apoyo a varias residentes a las que siguió durante cerca de dos años. Ella destaca lo mismo que Conchi Granero, el miedo generalizado de las víctimas a que nadie las crea: “Lo que me decían era ‘gracias por darnos voz”.

Por eso, no tiene ninguna duda: “El silencio protege a los agresores. Hay que poner nombre a las cosas y dejar de edulcorar la violencia”, zanja. “Si ponemos palabras suaves a los hechos probados de una sentencia, estamos contribuyendo a quitar importancia a lo que el juez, con una condena, nos está diciendo que sí la tiene”.

La noticia del facultativo de León tiene elementos comunes con el caso de abusos de Larry Nassar, médico la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, condenado por vejar a cientos de niñas gimnastas, varias olímpicas, a lo largo de dos décadas hasta 2016. Ambos utilizaron su condición de doctores para camuflar el abuso sexual como si fuera un tratamiento. El documental Atleta A, refleja cómo algunas niñas no eran conscientes de que cuando Larry Nassar les metía el dedo en la vagina estaba abusando de ellas y por eso no denunciaban.

Esta confusión de las víctimas sobre lo que les sucede es uno de los factores a tener en cuenta al resolver el dilema que plantean las dos lectoras. El relato detallado de la violencia tiene el cometido de decir explícitamente lo que no debe hacerse y eso puede ayudar a otras mujeres a defenderse de los mismos actos en el futuro. La cuestión es cómo se cuenta y el protocolo de EL PAÍS marca unos mínimos de delicadeza, que la noticia cumplía. El frío lenguaje jurídico sí es descarnado con los hechos, pero en mi opinión no puede deducirse de él la intención de erotizar.

Ante este dilema, es la obligación del periodista respetar el compromiso de contar la verdad. Cuando las víctimas están pidiendo que se las crea, la respuesta del periódico no puede ser rebajar o silenciar lo que les sucede. El enfoque informativo es el mismo que cuando se muestra con imágenes la violencia de las guerras, como prueba documental de los hechos. Ese papel lo cumple en la noticia citada la sentencia de un juicio celebrado con garantías. Lo grave es lo que sucede, no que se cuente.

Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).