La TDT afronta su mayor mudanza desde el apagón analógico

La televisión digital terrestre (TDT) prepara su mayor cambio tecnológico en prácticamente una década, cuando culminó el proceso del apagón analógico. Antes del 30 de junio todos los canales, públicos o privados, deberán haber desalojado las frecuencias que ocupan actualmente (situadas en la banda de los 700 megahercios)  para dejar su sitio a las redes móviles 5G. Este trasvase, que se conoce como segundo dividendo digital, se enmarca en la estrategia digital de la Unión Europea y se realiza en todos los países miembros. Exige adaptar las infraestructuras en 850.000 edificios comunitarios y afecta a 21 millones de habitantes. Quienes quieran seguir viendo las programaciones de TVE, Atresmedia o Mediaset deberán adaptar las antenas colectivas y resintonizar los canales. De lo contrario, se enfrentarán a una pantalla en negro.

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Entre el 11 de febrero y el 3 de marzo, algunos canales estatales y autonómicos solo se podrán recibir por los nuevos diales en 2.413 municipios. La entidad pública Red.es apremia a los administradores de fincas o presidentes de la comunidad de vecinos que actualicen los equipos. Ante el elevado porcentaje de edificios comunitarios de tamaño mediano y grande que todavía no han acondicionado la antena colectiva, Red.es recomienda que contacten “cuanto antes” con una empresa instaladora registrada.

Si bien este es el mayor cambio desde el apagón analógico de 2010, en la reubicación que se acomete ahora los usuarios no tendrán que cambiar de televisor ni incorporar descodificadores adicionales. Podrán seguir utilizando los actuales.

El Gobierno ha distribuido el territorio en 75 áreas geográficas para asegurar que la adaptación sea escalonada. En esas zonas se irán apagando poco a poco las frecuencias actuales y encendiendo las nuevas. Los municipios involucrados en esta primera fase pertenecen a 32 provincias de 11 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco. Algunas de estas provincias se verán especialmente afectadas. En Segovia habrá apagón en 133 municipios; en Valladolid, en 129; en Soria, en 168; en Bizkaia, en 112, y en Gipuzkoa, en 76.

Pese a que el Gobierno ha previsto que el cambio de frecuencias se realice de manera paulatina, no en todas las zonas se está abordando con la misma rapidez. Por ejemplo, a principios de mes, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información calculaba que en provincias como Córdoba o Segovia, el porcentaje de antenas adaptadas oscilaba entre el 65% y el 79%, mientras que en Málaga o Lugo se queda entre un 14% y un 16%. También Baleares va especialmente rezagada.

Hay un pequeño grupo de zonas (Asturias, Barcelona, A Coruña, Menorca, Melilla y una parte de Toledo y Murcia) donde lo tendrán más fácil para seguir viendo la televisión. Según la Administración, no será necesario que se modifiquen las antenas de los edificios colectivos, aunque sí habrá que  resintonizar los televisores para enganchar con las nuevas frecuencias.

Para abordar los costes que acarrea el cambio de canales, el Gobierno ha previsto una partida de 145 millones de euros en subvenciones. Estas ayudas llegan cuando todavía está pendiente de resolver el largo conflicto judicial derivado de las concedidas hace una década para la extensión de la cobertura de la TDT a las zonas menos accesibles o poco habitadas.

En esta ocasión, las comunidades de vecinos pueden acceder a ayudas para compensar los costes derivados de la resintonización que se avecina. En función de las infraestructuras de los edificios, las subvenciones oscilan entre 104 y 677 euros. Para las viviendas individuales no habrá ayudas, ya que solo tendrán que resintonizar los televisores para ver todos los canales una vez que concluya el periodo de emisión simultánea en la nueva y la vieja frecuencia (simulcast). En este sentido, solo los operadores públicos podrán acceder a ayudas por la doble emisión. El Gobierno ha previsto 10 millones de euros en una partida que tendrán que repartirse RTVE y los entes autonómicos o locales para llevar a cabo la liberación de frecuencias.