El Tribunal de la UE confirma la ilegalidad de las ayudas a la TDT

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) confirmó ayer la ilegalidad de las ayudas concedidas por las autoridades españolas a los operadores de la plataforma de televisión digital terrestre (TDT) entre 2005 y 2009, tal y como señaló la Comisión Europea en junio de 2013. El fallo obliga a España a recuperar 260 millones de euros —a los que podrían sumarse otros 46 correspondientes al procedimiento abierto por las ayudas públicas concedidas en Castilla-La Mancha.

La justicia europea considera que las medidas adoptadas por España no respetaron el principio de neutralidad tecnológica. En concreto, el Tribunal señala que, ante la inexistencia de una definición clara del servicio de explotación de una red terrestre como servicio público, las medidas para permitir la transición de la televisión analógica a la digital, debían clasificarse de ayuda estatal.

El Ejecutivo comunitario había declarado esta ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior a raíz de una denuncia del operador europeo de satélites SES Astra, que pidió que los beneficiarios la devolvieran. "Esta resolución es importante porque confirma el análisis de la Comisión sobre cómo los Estados miembros pueden asegurar una cobertura de televisión de acuerdo con el derecho europeo por vías tecnológicas neutras", comunicó el Ejecutivo comunitario en una nota.

El fallo afecta a los operadores que transmiten las señales de TDT, entre ellos a Cellnex, filial de Abertis. En el folleto de su salida a Bolsa, Cellnex señalaba que Bruselas había cifrado las ayudas a devolver por la compañía en 40 millones, pero añadía que el Gobierno rebajaba el importe a unos 10 millones.

La sentencia “es importante para España y para Europa porque sienta un precedente”, afirmó ayer Luis Sahún, director general de SES Iberica, quien destacó que, de esta forma, “se reconoce que el principio de neutralidad tecnológica es básico para garantizar la competencia”. “Es una gran victoria. Hemos luchado durante siete años y ahora España tendrá que cumplir con las obligaciones que le impone la Comisión. De lo contrario se expone a posibles sanciones”, agregó.

El ejecutivo de SES Astra aseguró que, desde que en 2008 Cantabria canceló el contrato que había ganado SES-Astra, las ayudas otorgadas a la TDT para llevar las señales a las zonas remotas, “se cercenaron” la posibilidad de desarrollar servicios por satélite en España. “Se ha producido un daño comercial”, añadió.

Actualmente, varias comunidades tienen abiertos concursos públicos para la adjudicación de contratos destinados a llevar la TDT a la zona 2, es decir, a los territorios menos poblados o ubicados en zonas remotas que suponen el 2,5%. España, así como las autonomías del País Vasco, Galicia y Cataluña, además de varios operadores de televisión digital terrestre, solicitaron al Tribunal General de la Unión que anulase esta decisión. Según el documento de Bruselas, Cataluña encabeza la lista de gasto público en la extensión de la TDT, con 52 millones de euros, seguida de Castilla y León (casi 38) y Aragón (20).