Las tablas flamencas que los jesuitas subastan y Cultura permitió exportar por error

Hace cuatro años los jesuitas de Toledo decidieron poner a la venta varias obras de arte. Tras casi cinco siglos en la ciudad, la Compañía de Jesús perdió todas sus vocaciones y en 2012 cerró la casa que aún mantenía, donde se alojaban los últimos tres sacerdotes. También decidió sacar a subasta sus bienes artísticos, pese a que el artículo 28 de la Ley de Patrimonio Histórico prohíbe a la Iglesia hacerlo. Las obras, una Magdalena penitente del taller del Greco (siglo XVII) y dos puertas de un tríptico del Maestro Johannes (de 1510), fueron retiradas del Museo de la Santa Cruz (Toledo), donde permanecían en depósito desde 1964, y entregadas, en agosto de 2015, a la casa de subastas Segre (Madrid). En octubre, los jesuitas y Segre decidieron sacarlas al mejor postor. 

Por la Magdalena la empresa italiana Milani Anticipa pagó 6.631 euros y la trasladó a Roma. Un año después fue vendida en Christie’s Londres por 6.588 euros. Las puertas del tríptico (con la Visitación de la Virgen, san Andrés y Santiago, pertenecientes a la escuela flamenca) fueron adjudicadas en la misma jornada a Casacuberta Marsans, que abonó 43.405 euros. Su finalidad era la venta en el extranjero, para lo que contaban con el permiso de exportación de Cultura.

Las tablas se enviaron al Museo de Groninger (Países Bajos), donde verificaron la autoría, y a continuación se depositaron en Sotheby’s Londres para tasarlas. El precio podría multiplicarse hasta los 750.000 euros, según alegan los nuevos dueños en un documento judicial al que ha tenido acceso este diario.

Jaime Badiola, administrador de la Provincia de España de la Compañía de Jesús, asegura que actuaron así “por ignorancia de la limitación legal de poder venderlo a toda entidad que no sea la Administración pública u otra entidad eclesial”. Y añade: “En un sondeo rápido que hice con unas pocas personas, no se veía con claridad que nadie en nuestras iglesias u obras apostólicas estuviera interesado en tenerlas”. Badiola apunta que no vio por ningún lado, ni por el compañero jesuita “entendido en arte” que le recomendó la casa de subastas, ni por Segre, “indicios de que eso no se pudiese hacer”.

La Ley de Patrimonio deja claro que los bienes pertenecientes al patrimonio histórico español con más de un siglo de antigüedad solo pueden salir del territorio con una autorización que concede la Junta de Calificación, Valoración y Exportación del Ministerio de Cultura. Este organismo concedió el permiso a las tablas. Pero un año después, consciente del error, lo revocó. Los expertos de la Junta descubrieron el fallo en 2016 cuando un investigador particular denunció el caso. No encontraba en el museo las piezas y escribió a la Junta para alertar de su ausencia. Desde el ministerio dicen que el asunto está sub iudice y que no pueden aclarar por qué concedieron el permiso.

En junio de 2018 la Junta mandó a la Fiscalía de Madrid de Medio Ambiente un expediente en el que denunciaba la venta de dos “cuadros antiguos de valor histórico” y su salida del territorio nacional, vulnerando la normativa del patrimonio. Las obras fueron reclamadas y devueltas. En este momento descansan en el Museo de la Santa Cruz. La Fiscalía interpuso una querella contra M. M. S., la directora de Segre; E. P. T., su especialista en pintura antigua, y la propia empresa por “delito continuado de contrabando de bienes culturales”.

El caso ha desembocado en el Juzgado de Instrucción número 43, cuyo magistrado debe decidir si lo archiva, si declara la venta como nula y también si acepta la denuncia de Casacuberta Marsans por lucro cesante (es decir, por el dinero que pudieron haber ganado con la revalorización de las tablas). Según el fiscal, tanto Segre como los jesuitas sabían que el destino final de estas obras estaba lejos de las fronteras españolas. Por eso cumplieron con los trámites y pidieron la licencia de exportación. En el escrito también se apunta que hubo intención de burlar las restricciones. “El mismo día de la venta” Segre declaró ante el Ministerio que el destino era el Reino Unido, pero, según el fiscal, ocultó “la verdadera titularidad de la Compañía de Jesús, a la cual no se le comunicó la solicitud de exportación”. Como titular figuraba la casa de subastas. Esta “ocultación” permitió que la Junta de Calificación concediera la autorización un mes después. Una resolución que el fiscal considera “nula”.

Desde Segre aclaran que hacer constar la titularidad a nombre de la casa de subastas es el trámite habitual. Y señalan que las piezas no estaban catalogadas ni inventariadas por la Iglesia. El mayor problema al que se enfrenta el patrimonio eclesiástico es la inexistencia del catálogo de bienes en su poder: “No considerábamos que estuviera pendiente de inventario. Si se declara la venta nula, no tenemos problema en devolver nuestra parte”. Para argumentar su interpretación de que las tablas no eran un bien histórico de la Iglesia, explican que fueron donadas por el Marqués de Salamanca —apasionado coleccionista de mitad del siglo XIX— y por eso las sacaron a la venta.