En el país de los festivales sin ley

“No puede ser que un sector tan importante como es el de los festivales no esté reconocido como un hecho cultural y económico diferenciado”, asegura Patricia Gabeiras, doctora en Derecho de la Cultura y presidenta de la Asociación de Festivales de Música (FMA). “Queremos que se nos reconozca nuestra identidad”, apunta José Morán, fundador del Festival de Benicàssim (FIB) y actual director del Festival Paraíso.

La Asociación de Festivales de Música está promovida por algunos de los certámenes más representativos del panorama nacional como Primavera Sound, Sónar, FIB, Cruilla, Vida, Bilbao BBK Live o Dcode. Su objetivo es reivindicar la figura de los festival de música popular como evento artístico-cultural. La FMA está detrás de las jornadas A Escena!, que se celebraron el jueves y el viernes en Madrid para debatir sobre la necesidad de un marco legal para unas citas musicales que están consideradas como eventos de ocio o recreativos cuando, según sus promotores, son “manifestaciones culturales contemporáneas”. “Los festivales son actividades culturales multiformato en las que hay una diversidad y unos elementos característicos. No hay excusa para no regularlos”, dice la presidenta de FMA.

De esta forma, los festivales, entendidos como eventos recreativos al aire libre, se acogen a leyes de suelo y espectáculos laxas y dispersas, que establecen parámetros distintos dependiendo de las diferentes ordenanzas de cada comunidad autónoma, municipio e, incluso, distrito de una ciudad. “Este sector está tremendamente profesionalizado pero tiene una gran inseguridad jurídica. El promotor no sabe si va a tener algunos permisos hasta el final”, explica Morán, quien dice que los promotores están en una “situación de indefensión” y algunos permisos se pueden llegar a dar con el festival ya empezado por culpa de una normativa que siempre contempla los festivales como “eventos permanentes”, cuando no lo son.

Los distintos parámetros de cada ley afectan a la seguridad, la asistencia de público, la contratación, la sostenibilidad o la venta de entradas o alimentos. “El régimen de licencias es absurdo”, afirma Gabeiras. Este régimen lo conoce bien Eduardo Fernández Ochoa, jefe de Seguridad de Madrid Destino, la empresa pública de la capital que gestiona los temas culturales. Reconoce que “falta uniformidad” en cuanto a terminología o procedimientos. “El legislador no tiene en cuenta a los festivales a la hora de establecer un régimen de permisos adecuado a los tiempos actuales”, asegura Gabeiras. Morán, al frente del festival de música electrónica Paraíso que se celebrará el 14 y 15 de junio en Madrid, pone de ejemplo la nueva ley de riesgo laboral de la ciudad: “Es muy compleja y no está adaptada a este tipo de eventos”.

El limbo legal se acentúa más ahora que los festivales se han multiplicado como setas en España. No hay región que no tenga uno. Donde antes estaba el dinero público de los Ayuntamientos ahora está la iniciativa privada levantando escenarios casi en cada ciudad española. En el último BIME —el congreso anual de festivales que reunió en Bilbao el pasado octubre a representantes de 170 de ellos—, se acuñó el término de “turismo musical”, un fenómeno que, gracias a la actividad cultural de estos eventos, contribuye a generar millones de euros en las localidades que los acogen. “En 1999 éramos cuatro festivales y es comprensible que no hubiese una ley que nos contemplase, pero ahora ha llegado el momento de regularlo. No podemos seguir así”, sostiene Morán.

Este turismo musical se explica con datos como que los 25 festivales más grandes de España sumaron casi tres millones de asistentes, según el Anuario de la Música en Vivo. De hecho, estas citas son el principal pilar que sostiene la música en directo en todo el país. En 2018, los conciertos recaudaron 334 millones de euros, la cifra más alta jamás registrada en España. Los festivales tuvieron buena parte de culpa. En el podio de los macroeventos, reinaron Arenal Sound de Burriana (Castellón) y Medusa Sunbeach Festival de Cullera (Valencia), ambos con 300.000 asistentes. Tras ellos, el madrileño Mad Cool con 240.000, el Primavera Sound de Barcelona con 220.000 personas y el albaceteño Viña Rock de Villarrobledo con 210.000.

La Asociación de Promotores Musicales (APM) reconoce que no se tienen cifras oficiales del número exacto de festivales. Según el Anuario de estadísticas culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hay alrededor de 900, pero incluye ciclos de música clásica y otros géneros. APM prefiere hablar de unos 400, sin incluir ciclos. “Es verdad que en el término de festivales se mete de todo. Hay gente que hace un concierto en un pueblo y se junta con otro y dice que ya es un festival”, explica Morán. Por lo tanto, una normativa específica ayudaría a definir qué es un festival y que no, evitando malas praxis y realidades ficticias con respecto a la industria musical. “Queremos que se nos reconozcan nuestros derechos para que al final se nos permita hacer nuestra labor. Es lo único que queremos. Somos una industria que ponemos en juego nuestro capital y buscamos una rentabilidad y una manera correcta de trabajar”, arguye Morán.

A partir de esta demanda, la Asociación de Festivales de Música plantea ahora que las autoridades escuchen sus peticiones. “Las cuestiones relevantes están perfectamente identificadas por todos”, explica Gabeiras. “No es tan complicado arreglar este problema. Hay que dialogar con el Gobierno y las comunidades autónomas. Pero falta voluntad política”.