Urge una regulación para los festivales españoles

España es un país de festivales, pero necesita una regulación inmediata. A nadie se le escapa que, de una manera más o menos definida, ya existe el turismo musical, un fenómeno relativamente nuevo que está directamente relacionado con el crecimiento de los festivales en los últimos años en nuestro país. Afecta directamente a las ciudades por su impacto económico y social. Sin embargo, a finales de 2018, este sector adolece de una legislación propia y tiene importantes lagunas que amenazan con deteriorar su buena salud.

Estos eventos son uno de los pilares que sostienen los datos de la música en directo en nuestro país. Según el último anuario de la SGAE, la música popular en vivo recaudó 329 millones de euros en 2017, la cifra más alta desde que se empezaron a registrar en 1998 y los festivales tienen buena parte de culpa. Desde 2010, el aumento de la música en directo ha sido del 56% gracias al Primavera Sound, Mad Cool, BBK, FIB, Sónar, Sonorama, Arenal Sound y demás certámenes. Tanto es así que hay un hecho ilustrativo en las cifras de la SGAE: cerca de 70 macrofestivales de 2017 en España recaudaron más (unos 173 millones) que todos los 87.000 conciertos celebrados juntos en nuestro país (155 millones).

No es una cuestión para tomarse a la ligera, ni dejarla en manos incompetentes. Por lo pronto, habría que definir qué es realmente un festival y qué clase de regulación debe tener. La Asociación de Promotores Musicales (APM) reconoce que no se tienen cifras oficiales del número exacto de festivales. Unos hablan de más de 1.000, otros lo rebajan a la mitad, pero, mientras tanto, todo vale. A partir de una escala menor del evento, se diluye todo. Cualquier cita con más de un par de artistas o grupo puede pasar por un festival, generando una realidad ficticia. Toda industria competente no se puede permitir realidades ficticias porque se cuelan con más facilidad las iniciativas mal gestionadas, que terminan por cancelarse o cometer errores fatales. Por tanto, es necesario saber cuál es el mapa real de los festivales españoles.

A partir de ahí, también es necesario una regulación propia. Un informe del Sindicatos de Música, llamado FestiLeaks, denuncia “la penosa situación que se da en la actualidad en la mayoría de los festivales”. Gracias a la colaboración de muchos trabajadores –la mayoría de forma anónima por miedo a perder sus puestos laborales o porque operan cláusulas de confidencialidad-, el informe critica duramente “el secretismo” de estos eventos musicales, que no tienen ningún problema en facilitar datos de recaudación y asistencia de público –en varias ocasiones inflados-. “Hay todo un misterio del convenio laboral que aplican. No quieren proporcionar la información”, asegura David Aristegui, portavoz de CNT en Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos.

FestiLeaks señala que los festivales de música deberían aplicar el Convenio Colectivo Estatal del Personal de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas, ya que carecen de convenio específico. “El Convenio de Salas de Baile es el único convenio estatal que se puede aplicar a los festivales, ya que contempla los espectáculos al aire libre, pero analizando sus categorías es evidente que es necesario un convenio donde se reflejen todas las tareas de publicidad, montaje, transporte y producción que se desarrollan en cualquier festival, y que evidentemente no están en un convenio pensado para espectáculos en un determinado tipo de salas”, recoge el informe, que indica que sólo tres festivales son transparentes con sus condiciones laborales: Primavera Sound, Festival del Noroeste y BAM (Barcelona Acció Musical).

Los dos primeros son festivales de titularidad pública. Pero son muchos en España que también lo son, bien sea porque son propiedad de ayuntamientos, están apoyados por ellos o son subvencionados. Y ahí radica otro de los grandes problemas del sector: las instituciones públicas fomentan la falta de transparencia, pero también la precariedad laboral y la falta de la seguridad. “Las administraciones hacen la vista gorda y la mayoría de festivales se lavan la mano”, añade Javi Muñoz, técnico de sonido que ha trabajado este año en varios festivales. Muñoz asegura que “hay mucha inconsciencia” en la contratación laboral de los operarios que forman parte del esqueleto de un festival. La mayoría de certámenes ceden este trabajo a subcontratas que terminan por abaratar tanto los costes que ponen en peligro al trabajador. “Trabajamos al ritmo de hace cinco años, pero con peores condiciones y menos dinero. En ocasiones, hay jornadas de 24 horas durante los días que duran el festival. Se no está yendo la olla”, señala Muñoz. “Las instituciones son las que tienen que dar ejemplo. Todas aquellas que colaboran por montar su festival en su ciudad”, sostiene Aristegui. “No hablamos de imponer nada sino de ir aplicando regulaciones adecuadas en cada caso. Pero no hay voluntad política de cambiar las cosas y proteger a los trabajadores”, añade.

A finales de mes, Bilbao se volverá a convertir en el epicentro de las promotoras de festivales españoles. Allí se celebra un año más el BIME. Más de 170 promotores han confirmado su asistencia al mayor encuentro europeo dedicado a profesionales del sector de la música. Este año debatirán sobre el turismo musical, el fenómeno que, según la organización, “llena de vida las calles de las ciudades, no sólo aportando dinero a las arcas municipales, sino contribuyendo además a generar un clima de actividad creativa y un plus de valor cultural”.

Convendría poner sobre las mesas de trabajo y de debate esta problemática. Los promotores musicales españoles han demostrado una destacada profesionalización para crear festivales de primer nivel con carteles atractivos y competitivos y con variedad de ofertas de ocio. Ahora, les toca demostrar que les importa de verdad profesionalizar al sector de la música en lo relativo a festivales. Porque urge una regulación. Todos saldrán ganando.