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PP y Podemos defienden a los museos frente al Tribunal de Cuentas

Un informe del organismo señala en el Congreso “irregularidades” en las contrataciones del Prado, el Reina Sofía y la Fundación Thyssen

Imagen del Museo del Prado.
Imagen del Museo del Prado.

El arte de la política forja alianzas extrañas. Las antípodas, Podemos y PP, se juntaron este miércoles para defender a otro arte, el que se expone en los museos, frente al Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador del poder público presentó ante los diputados un informe en el que detecta una miríada de “irregularidades” e “infracciones legales” en las contrataciones realizadas por Prado, Reina Sofía y Fundación Thyssen-Bornemisza en 2015 y 2016. Sus conclusiones despertaron preocupación en todos los partidos. Pero PP y Podemos expresaron reservas robustas y parecidas. Entre otras, respecto a las dudas que el Tribunal de Cuentas plantea sobre los 18 millones que el Prado pagó a la casa de Alba por La virgen de la granada, de Fra Angélico.

“Nos preocupa que el informe sea cuantitativo y poco cualitativo, nos resulta agridulce. ¿Se tienen en cuenta las características del sector?”, inquirió Eva Sempere García, del grupo Unidos Podemos-En Comú-En Marea. Y lanzó más interrogantes: ¿se puede tachar de “sobrecoste” la elección para una exposición de una obra en lugar de otra, más barata, de un mismo autor? ¿Y supone un sobrecoste, o solo un error, el cambio de un billete de avión por la necesidad de una bodega más apropiada al traslado de un determinado cuadro?

María Teresa Antoñanzas Garra, del Partido Popular, retomó su testigo para romper otra lanza a favor del Prado. El Tribunal de Cuentas señala que la compra del fra angélico se realizó en 2016 “a falta de informes previos para garantizar la razonabilidad del precio solicitado por el vendedor y aceptado por el museo”. Pero Antoñanzas recordó que la operación sí contaba con el visto bueno de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico del Gobierno, el organismo competente. “No hacía falta ningún informe más”, aseveró. El propio presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García, pareció justificarse: “No pretendemos ejercer de autoridad en materia de compra de arte. Solo afirmamos que una valoración externa hubiera aportado mayor claridad sobre el precio pagado”. A falta de subastas y compras recientes de obras de Fra Angélico para comparar, en todo caso, el seguro para el traslado de La virgen de Granada a una muestra en Dallas se fijó en su momento en 40 millones.

Sobre el principal hallazgo del informe, eso sí, hubo alarmas unánimes. El Tribunal de Cuenta detecta numerosos fallos, tanto en la documentación que los tres museos le entregaron como, sobre todo, en su justificación de la necesidad de contratar servicios externos, por un importe “de alcance notable”, según Álvarez de Miranda. “Un compendio de irregularidades extraordinario”, lo definieron desde el PSOE. Por eso, el informe pone deberes a Prado, Reina Sofía y Thyssen: “un mayor esfuerzo en la justificación de la necesidad e idoneidad de los contratos” a la vez que más apuestas por formar su propio personal o ampliar su plantilla en lugar de buscar servicios externos.

Entre los casos más llamativos, Álvarez de Miranda subrayó que Prado y Thyssen no escogieron sus seguros, sino que lo hicieron otras empresas intermediarias por ellos, sin que los museos realizaran más comprobaciones sobre la elección; que los tres centros aplicaron en algunas contrataciones criterios y baremos no previstos por sus normas; y que ninguno de ellos dispone de un mecanismo adecuado para verificar la ejecución de los contratos. “En los tres hay deficiencias tanto en la preparación como en la adjudicación”, afirmó.

Así que el informe reparte suspensos para todos: el Prado firmó acuerdos con adjudicatarios que no habían acreditado “estar al corriente con sus obligaciones tributarias”; la Fundación Thyssen-Bornemisza en un expediente no “practicó la retención del IRPF”; y el Reina Sofía carece de memorias o documentos justificativos para sus compras de obras, así como de una tasación realizada por entidades independientes; en un caso, según Álvarez de Miranda, faltaba incluso el certificado de autenticidad.