Ferocidades de la Transición

¿Qué es eso del Batallón Vasco Español?”, inquirió el rey Juan Carlos al líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar. Podía haber sido una pregunta capciosa, pero más bien era así: la cúpula del Estado no tenía mucha información sobre la guerra sucia en plena Transición. En paralelo, el ministro de la Presidencia, José Manuel Otero Novas, alertaba a Adolfo Suárez de la resistencia de las organizaciones paramilitares contraterroristas a someterse al Gobierno y el temor a que se creara un Estado dentro del Estado. Suárez le decía que estaba en ello, intentando eliminar una que se conocía como Batallón Vasco Español.

Había de todo: aparatos parapoliciales, paramilitares, el Ejército, la ultraderecha, la extrema izquierda anarquista y comunista, el independentismo vasco, catalán y canario... Silenciada la mayoría de las veces o usada como espantapájaros, la violencia política se cobró unos 700 muertos entre 1975 y 1982, en unas 3.200 acciones conflictivas. ¿No influyó todo ello en los resultados políticos? Esa es la pregunta que plantea en La Transición española: el voto ignorado de las armas (Pasado & Presente) el historiador Xavier Casals. Y una de las primeras respuestas es de las que solo se dan en España: sí, el temor a una involución rebajó las expectativas de la reforma política y moderó la oposición, pero la desestabilización que buscaba la violencia acabó, mutatis mutandis, estabilizando el país.

“La violencia generó una gran paradoja: buscaba radicalizar la situación pero acabo alejando a los extremismos de uno y otro bando, los dejó fuera del proceso, por lo que se apostó por los partidos que daban estabilidad; y, por otro lado, los partidarios de la reforma exageraron esa realidad violenta para jugar a su favor, lo que facilitó la consolidación de Suárez”, resume Casals. Su trayectoria (es autor, entre otros títulos, de La tentación neofascista en España) y la bibliografía empleada ahora (más de 500 referencias y 133 páginas de notas) le llevan a afirmar que “la Transición tuvo un punto de azarosa, pero no hubo una teoría conspirativa, un gran diseño de todo desde las alcantarillas del Estado: cada episodio tuvo su dinámica propia”. 

La matanza de Atocha

Quizá no hubo conspiración, pero lo parece: cada acción violenta acabó beneficiando el proceso democrático. El paradigma quizá fue, en el caso de la ultraderecha, la matanza de Atocha (1977), que solo aceleró lo que se quería impedir: la legalización del Partido Comunista de España. El carlismo quedó tocado y hundido con el episodio sangriento de Montejurra (mayo de 1976): se les vetó concurrir a las primeras elecciones de 1977 y llegaron muy afectados y divididos a las de 1979. El atentado anarquista en la sala Scala de Barcelona en 1978 aceleró la implosión del movimiento. Aquel mismo año, el intento de asesinato (con visos de ser orquestado desde el aparato policial del Estado) del líder del movimiento independentista canario, Antonio Cubillo, evitó que el proceso de autodeterminación de las islas saltara al panorama internacional de la ONU. El Grapo quedó bajo sospecha como “grupo raro” con el secuestro del político Antonio María de Oriol y el militar Emilio Villaescusa, pero más criminalizado y residual acabó el independentismo catalán violento, con los sangrientos secuestros del empresario Josep Maria Bultó (1977) y del exalcalde de Barcelona Joaquim Viola y su esposa (1978). El golpe de Estado del 23-F resultó también una vacuna contra la deriva pretoriana del Ejército: tras él aguantó sin más sobresaltos un Gobierno tan débil de la UCD como el de Calvo Sotelo, cuando hasta entonces el ruido de sables permanente más el golpismo de papel de la ultraderecha hacían irrespirable la situación, según Casals. Para el historiador, eso pesaba más que la llamada “estrategia de la tensión” ultraderechista. Solo el terrorismo de ETA fue una excepción a todo ello.

“Mayormente, son casualidades: el Gobierno no controlaba todo esto porque los hechos así lo demuestran, pero sí revela que había una autonomía importante de determinados aparatos del Estado, difíciles de perfilar y con elementos oscuros que permitieron desde extorsiones a atentados fabricados desde las entrañas del poder”, resume Casals, que lo achaca a “querer hacerse una Transición democrática manteniendo todo el antiguo aparato policial del Estado franquista”. El paradigma de ello sería la figura del comisario Roberto Conesa, turbia estrella de la lucha antiterrorista de la época.

La traducción política de esa violencia puede incluso entreverse en la Constitución. Así, la actitud pretoriana del Ejército explicaría su presencia garante en los artículos 2 y 8.1 de la Ley Fundamental, mientras que ETA generó, en particular, el 55.2 (la suspensión de derechos fundamentales por temas de terrorismo). También parecen evidentes los réditos en lo económico: Canarias, Euskadi y Navarra, conflictiva cartografía durante la Transición, gozan hoy de un trato fiscal distinto, y se deja una puerta abierta a la unión entre Navarra y el País Vasco, que contrasta con el cerrojo para Cataluña, Valencia y Baleares, como constata el artículo 145.1. “No se puede documentar una causa-efecto, pero sin duda abre una reflexión sobre el peso del voto violento”, cree Casals.

Son muchos los aspectos a estudiar porque la violencia en la Transición ha quedado un poco en la cuneta historiográfica. “La Transición tiene su mito fundacional en la propia Transición, por lo que no puede darse protagonismo a la violencia: como tal mito, ha de ser ejemplar y exportable”. Hay hoy más documentación, pero aun así falta “poder acceder a archivos de los Servicios de Información del Estado o recuperar papeles como el sumario sobre Montejurra, perdido, o tener una buena biografía de Conesa”.

Acabadas las 800 páginas del libro, uno no sabe qué vertiente refuerza de la actual discusión sobre si la Transición fue la única posible o un lamentable pacto a la baja. “¿Cómo se podía hacer una ruptura democrática teniendo un Ejército que ya en 1971 tenía planes secretos para tomar el poder y frenar la subversión? Creo que el resultado fue francamente estimable; visto lo visto, la Transición salió bien de precio”.

Dinero para un ejército independentista catalán

El independentismo armado catalán es uno de los episodios más chocantes de la Transición. El misterioso grupo EPOCA (Exèrcit Popular Català), nacido en 1969 en el entorno del Front Nacional de Cataluña, no afloró hasta mayo de 1977, cuando intentó extorsionar al empresario Josep Maria Bultó colocándole una bomba lapa en el pecho que acabó estallando. 10 meses después colocó sendas bombas al último alcalde franquista de Barcelona, Joaquim Viola, y a su esposa. También explotaron. En ambos casos, fueron atentados con poco sentido político, lo que acentuó el rechazo de una sociedad catalana ya escarmentada con el atentado ultra a la revista satírica El Papusy otro anarquista a la sala Scala. El grupo EPOCA fue desarticulado en 1980, coincidiendo con un supuesto plan para atentar contra Jordi Pujol. Quedan enigmas, como la aparición de un agente secreto del Mossad israelí muerto en casa de unos familiares de un miembro del grupo; o para qué pedir la friolera de 500 millones de 1977 como rescate a Bultó. Esa cifra solo engarza con la idea de crear "una fuerza armada a disposición de una futura autoridad catalana legítima", como dijeron algunos componentes que era su función. Solo cuatro miembros fueron a Terra Lliure, que en 1981 tuvo su caso más mediático con el atentado al periodista Federico Jiménez Losantos. En 1992 se disolvió.