YouTube en el punto de mira

Esta semana la prensa ha amplificado la petición firmada por 180 destacados músicos (entre ellos, Sir Paul McCartney, Taylor Swift o Elvis Costello), en la que solicitan al Congreso de los Estados Unidos una urgente reforma de la Digital Millenuim Copyright Act —regulación de propiedad intelectual— aprobada hace 20 años. Los firmantes denuncian que las normas de propiedad intelectual han quedado anticuadas y superadas por la realidad de la industria y que favorecen desmesuradamente a las compañías tecnológicas, que no existían en el momento de entrar el vigor el texto. La petición denuncia que la remuneración que compositores y artistas reciben por la explotación digital de su música no ha hecho más que descender de forma dramática en los últimos años, por lo que solicitan al Congreso un mayor umbral de protección y una redefinición de las reglas del juego.

A Jagger se le atragantó el desayuno al leer una liquidación de royalties ridículamente baja por la explotación digital

En Europa —aunque con distintos matices— el asunto está también encima de la mesa, principalmente gracias a la presión ejercida por determinados lobbies de la industria musical. Así, en el más amplio contexto de la llamada agenda de Mercado Único Digital, el Parlamento Europea ha instado a la Comisión Europea a estudiar cómo las plataformas e intermediarios digitales obtienen ingresos de los contenidos culturales que no siempre comparten de forma equitativa con los creadores, produciéndose así un fenómeno de “transferencia de valor” de los creadores de contenidos a los intermediarios.

La principal cuestión controvertida en ambos casos es la misma: los denominados “puertos seguros” (“safe harbours”), garantizados en los sistemas legales tanto de EE UU como de Europa, que permiten a plataformas e intermediarios como YouTube considerarse meros alojadores pasivos y neutrales de contenidos, sin responsabilidad final sobre el uso de los contenidos protegidos subidos por los usuarios, a no ser que se cumplan ciertos presupuestos legales. A ello debemos sumar la falta de transparencia y equidad con la que las distintas plataformas negocian con los titulares de derechos —sobre todo con sellos discográficos— cómo se reparte finalmente el pastel. No en vano, hay quien señala suspicazmente que esta petición aparece justo en el momento en que los sellos deben de renegociar sus contratos con YouTube.

Quizás la pregunta que debería plantearse no sea cuánto ha pagado YouTube a los titulares de derechos hasta la fecha, sino cuánto ha ganado

Este es el escenario; a partir de aquí, cada actor de la industria tiene sus razones y acaba interpretando su papel. Los creadores afirman que, a pesar de que nunca en la historia se ha producido tanto consumo de música, los sectores creativos y generadores de contenidos no lo han visto reflejado en un correlativo incremento de sus ingresos, sino que, antes al contrario, éstos últimos han bajado sustancialmente. YouTube se defiende afirmando que en los últimos años ha pagado 3.000 millones de dólares a los titulares de derechos; aunque quizás la pregunta que debería plantearse no sea cuánto ha pagado YouTube a los titulares de derechos hasta la fecha, sino cuánto ha ganado a costa de sus contenidos, en un mundo en el que casi dos tercios de los jóvenes consumen música a través de esta plataforma.

Hace poco asistí a una interesante conferencia organizada por AIE (entidad de gestión de artistas, intérpretes y ejecutantes) donde el artista Nacho García Vega explicó la anécdota de Mick Jagger, a quien se le atragantó el café mientras desayunaba cuando leyó una liquidación de royalties ridículamente baja por la explotación digital de sus éxitos. Creo que haríamos bien en preocuparnos y asegurarnos de que, además de que no se nos atragante el bueno de Mick o que Keith vuelva a caer de un cocotero, las futuras generaciones de compositores y artistas tengan —como sus antecesores— la oportunidad de obtener una justa recompensa por su labor creativa en forma de una remuneración justa.

Eric Jordi Cubells es abogado del despacho Monereo Meyer Marinel-lo.