El Gobierno pide tarifas “simples y claras” para los derechos de autor

Es un contrapeso necesario al monopolio natural de las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual. Sobre esta idea han girado las explicaciones de los responsables del Ministerio de Cultura sobre la metodología que este viernes ha entrado en vigor al publicarse la orden en el Boletín Oficial del Estado que desarrolla la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada hace un año. ¿Y ese contrapeso y las medidas arbitradas, que incluyen la obligación de tarifar antes de seis meses con nuevos criterios los derechos de propiedad intelectual, persigue un abaratamiento de estos? No necesariamente. Algunos subirán y otros bajarán, pero el Ministerio considera que no habrá "cambios dramáticos", aunque sí más simplicidad y claridad, ha incidido el director general de Propiedad Intelectual, José Pascual Marco, acompañado por el subdirector de la Propiedad Intelectual, Carlos Guervós.

¿El reglamento beneficia más a los usuarios que a los profesionales de las industrias culturales que mueven 6.000 millones de euros al año y suponen un 3% del PIB de España (un 4% en Europa y un 8% en los Estados Unidos)? "Pensamos que va a favorecer a todo el mundo, pero el sector debe autorregularse también, y en caso de no estar alguien de acuerdo, acudir a la Sección Primera", que podrá no solo dilucidar las discrepancias, sino que tendrá capacidad ejecutiva de fijar una tarifa del derecho de propiedad intelectual, ha explicado Marco. Guervós ha destacado que es la primera vez que en España se vinculan los derechos de autor y el valor económico que generan y ha insisto en la importancia de reglamentar y poner orden una cuestión tan compleja.

Las entidades de gestión de los derechos, sin embargo, no se sienten muy favorecidas. De hecho, han emitido un comunicado muy crítico contra el reglamento de Cultura titulado El Gobierno maltrata una vez más al sector cultural. La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), que agrupa a las principales entidades como la SGAE, Cedro, AGEDI, Egeda o Vegap, ha cargado contra la metodología para la determinación de las tarifas generales porque se ha tramitado "de espaldas" al sector y es "intervencionista y contraria a la autorregulación prometida".

"El texto evidencia que la Secretaría de Estado de Cultura ha permitido participar en su redacción a usuarios muy poderosos de otros sectores, que han podido influir en su contenido con la pretensión de evitar el pago de un precio justo por la explotación de obras y prestaciones", ha indicado.

Esta asociación ha señalado tanto al sector TIC como al hotelero como beneficiarios de la ordenación por "pretender una reducción de los costes de acceso a obras y prestaciones". "Un análisis a fondo evidencia las injerencias de otros ministerios para favorecer a determinados operadores comerciales que se benefician de la explotación de las obras creadas por titulares de derechos", ha indicado la asociación en un comunicado. "Se han obviado intencionadamente deficiencias técnicas" señaladas por el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)", ha añadido.

Los representantes del Ministerio de Cultura han insistido en su conferencia de prensa en que se han reunido en numerosas ocasiones con los dirigentes de las entidades de gestión. También han señalado que los nuevos vocales de la Sección Primera, que atenderá los conflictos generados por las tarifas, serán nombrados próximamente y su puesta en marcha "será inmediata", con representación de varios ministerios. Y han rechazado cualquier motivación política en la publicación de la orden justo a menos de 20 días de las elecciones. "Si hemos acelerado ha sido por la urgencia del sector, que lo reclamaba", ha manifestado Marco.