Imputado el director general de la SGAE por posible desviación de fondos

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha llamando a declarar en calidad de imputado al director general de la SGAE, Enrique Gómez Piñeiro, al que acusa de un delito de desviación de fondos. La enésima imputación entre los responsables de la entidad procede de la investigación sobre la Operación Saga, una supuesta trama de desviación de fondos y apropiación indebida que en 2011 llevó a la detención del entonces presidente Eduardo Teddy Bautista y otros ocho miembros y sumó la SGAE a un caos del que todavía no parece haberse recuperado.

Gómez Piñeiro fue nombrado director general de la entidad hace justo un año, en junio de 2014. Anteriormente, fue director de Contratación y Licencias y, después, director comercial. Precisamente a su posible responsabilidad en estos cargos se refiere la imputación, relacionada con la de Caco Senante: entre 2010 y 2011, el músico canario cobró supuestamente 30.000 euros de la SGAE por trabajos que, según el juez Ruz, antecesor de De la Mata en la Audiencia Nacional, nunca se realizaron. Por tanto, el juez quiere preguntar el lunes 22 de junio a Gómez Piñeiro respecto a “las diligencias practicadas en el caso del exmiembro de la Junta Directiva Juan Carlos Senante”, como confirma un comunicado de la propia entidad.

La SGAE aprovecha el comunicado para pedir más velocidad a la justicia y “solicita que se agilicen al máximo los trámites que conduzcan a la pronta resolución de estos hechos”. “Tras cuatro años de investigación, la situación actual sólo contribuye a desestabilizar el funcionamiento de una entidad” agrega el documento.

En efecto, el pasado sigue persiguiendo a la SGAE al menos tanto como su presente. Nacida hace más de un siglo para dedicarse a la recaudación de los derechos de autor, la entidad en los últimos años ha dejado a un lado su razón de ser y ha sufrido peleas internas, caída de los ingresos y un inmovilismo institucional que la ha llevado de una crisis a otra. Mientras, de vez en cuando, van saliendo nuevas imputaciones como la de Ramoncín, en una pieza separada de la investigación, o del exdirector de servicios jurídicos Pedro Antonio Hernández, que devuelven la imagen de la SGAE al pozo del que intenta salir.

De hecho, en una semana la entidad celebra una Asamblea General clave para su futuro e incluso su “supervivencia”, como subrayaba el propio presidente, José Luis Acosta, en un reciente correo enviado a todos los socios. El próximo 25 de junio los miembros de la SGAE tendrán que votar sobre las cuentas de 2013 –con pérdidas por cinco millones y ya rechazadas dos veces por la Asamblea- y las de 2014. Un nuevo no a los documentos financieros acercaría la entidad a sufrir las multas que establece la nueva Ley de Propiedad Intelectual para estos retrasos, aparte de añadir un nuevo capítulo a su caótico presente.