La Ley de Propiedad Intelectual será juzgada por el Constitucional

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), según han confirmado fuentes socialistas a este diario. La aceptación no supone en ningún momento que el organismo esté de acuerdo con el PSOE: significa simplemente que estudiará sus objeciones a la normativa - en vigor desde enero tras ser aprobada por el PP en solitario con el rechazo de toda la oposición- y emitirá una sentencia al respecto. Fuentes del PSOE calculan que, con una estimación algo optimista, la respuesta del Constitucional podría llegar en un año.

En el recurso, presentado el pasado 4 de febrero, el PSOE pone en duda en concreto la constitucionalidad de tres aspectos de la ley. Primero, y sobre todo, la llamada compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado, el sistema que sustituyó al canon digital. Los socialistas consideran que la libertad del Gobierno para establecer la cuantía, dentro de lo que permitan los Presupuestos y sin criterios específicos para calcularla, poco tiene que ver con lo “equitativa” que debería ser dicha compensación. Es decir, no se respetaría el derecho de los creadores a recibir una cantidad que se ajuste al valor de sus obras.

La aceptación del recurso alegrará a las entidades de gestión, que critican ferozmente la medida desde que se aprobó, y que vieron como la cuantía que recibían se reducía de los 115 millones anteriores a los cinco de los últimos dos años. El propio Supremo también puso en duda la compensación por copia privada que pagamos entre todos, hasta el punto de preguntarle al Tribunal de Justicia Europea si se ajusta a la normativa de la UE. La respuesta de la Corte está todavía por llegar.

El segundo punto que el PSOE critica es la ventanilla única. Los socialistas creen que la obligación que la nueva LPI impone a las entidades de gestión de constituir un solo espacio común al que pueda acudir todo usuario de los derechos de autor para arreglar sus pagos “conculca el derecho de libre asociación, ya que nadie puede obligar a nadie a asociarse”, como afirmó a este periódico el secretario de Cultura del PSOE, Ibán García del Blanco.

Finalmente, los socialistas atacan también al arbitraje que la LPI fija para los conflictos sobre las tarifas entre usuarios y entidades de gestión. García del Blanco cree que la obligación de un laudo va en contra de la tutela judicial y de la opción de que cualquiera de los dos lados de la pelea prefiera acudir a los tribunales.

Más allá de la decisión final, fuentes del PSOE subrayan la importancia de que el Constitucional exprese su opinión sobre la propiedad intelectual: “Es un tema en el que apenas hay jurisprudencia del Tribunal”. Lo que sí hay, en cambio, son ya varias opiniones de otros órganos sobre la LPI. La ley fue criticada por el Consejo de Estado y por la Comisión Nacional de Competencia y luego llegaron los peros del Supremo.