Ruz imputa al exsecretario general de la SGAE por apropiación indebida

El complicado presente de la SGAE ya pone en duda su futuro. Pero, mientras, el pasado la sigue persiguiendo: el juez Pablo Ruz ha llamado a declarar el próximo 10 de marzo al exsecretario general, Pablo Hernández, en calidad de imputado por apropiación indebida. La decisión llega mientras la entidad prepara las elecciones generales del próximo jueves, y se explica en el marco de la causa por la que en 2011 la cúpula de la SGAE fue detenida y acusada de varios delitos societarios, la llamada Operación Saga.

El exsecretario general, quien confirma la imputación, fue cesado por la Junta directiva de la entidad hace un año, por un “posible conflicto de intereses”. Básicamente, se le echó por considerar que asesorar a Kiss FM en un conflicto contra Onda Cero, que tuvo que indemnizar a la cadena de Blas Herrero con 205 millones de euros, no se podía conjugar con la independencia que se le requiere a un secretario general de la SGAE. Él siempre defendió que su colaboración con la entidad no era exclusiva, y por tanto era libre de continuar su actividad profesional. Hasta diciembre de 2013, Hernández también se encargó de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la SGAE.

La causa contra la SGAE lleva años ante la Audiencia Nacional, después de que la Guardia Civil entrara en la sede de la entidad en 2011 y se llevara detenidos a nueve miembros, entre ellos el entonces presidente Eduardo Teddy Bautista. Pese a los intentos de algunos imputados de recusar al juez Pablo Ruz, la Audiencia le confirmó al frente de la causa. Ruz investiga ahora también las reuniones de 2012 y 2013 de la entidad, así como las dietas que los miembros de los órganos de Gobierno cobraron a lo largo de los últimos años. "Después de Hernández, van todos detrás", contaba ayer un socio de la entidad, quien sugería que Ruz podría acabar imputando a más pesos pesados de los últimos años de la SGAE.

La batalla judicial es sin embargo solo uno de los frentes abiertos. Hace tiempo que el clima dentro de la entidad registra temperaturas insoportables. Ahora, a dos días de las elecciones, el incendio está aumentando tanto que amenaza con fundir a la propia entidad. En público, las distintas candidaturas se muestran a favor de un diálogo y de devolver al organismo a su función original: recaudar dinero para los autores. Sin embargo, socios de todos los bandos hablan en privado de un conflicto “a muerte” y acusan a sus rivales electorales de buscar solo su propio interés y el de su bolsillo, a costa de la SGAE.

Por eso, por ejemplo varios socios recurrieron la presentación de tres candidatos, (Álvaro de Torres, de Warner Bros, Rafal Aguilar, de Peer Music, y Juan Ignacio Alonso Puig, de Emi) al considerar que viola los estatutos y que, tras dos mandatos, ya no pueden ser elegidos. El recurso responde también a la teoría de estos socios de que la entidad se ha entregado a las majors, que se van a repartir más aún el pastel de 250 millones que todavía, pese a su crisis, la SGAE recauda. Sea como fuere, la comisión electoral rechazó la impugnación, aunque instó a los órganos de Gobierno de la entidad a reformar los estatutos para que aclaren más en detalle los criterios de incompatibilidad e inelegibilidad.

En los últimos días también se han visto batallas a golpes de vídeos en YouTube (de socios como Manuel Aguilar, José Manuel Soto y Juan Carmona) y etiquetas de todo tipo: los teddystas, aún fans de Teddy Bautista; el establishment, que gobierna ahora y buscaría según sus críticos más poder que entregar a las majors; la rueda, esa docena de socios que ha logrado recaudaciones millonarias gracias al fraude de la música en programas televisivos de madrugada; los independientes, músicos que buscan sobrevivir fuera de las multinacionales, según ellos, pero esclavos de la rueda, según sus atacantes. Y luego, claro, están los demás, los que no encajen en ninguno de estos apartados.

De lo que nunca se habla, básicamente, es de las decisiones que afrontará la nueva Junta Directiva. El relevo –o los mismos, según quien gane las elecciones- asumirá una entidad al borde del caos, que en los últimos años ha visto como se reducía su recaudación y mientras ha gastado millones en dietas e indemnizaciones, con un presidente cuyo sueldo roza los 200.000 euros. Las cuentas de 2013 –que por otro lado han sido rechazadas por los socios- registraron pérdidas por cinco millones.