Imputada por malversación la intendente del Palau de les Arts

Hacia las 3,30 de la madrugada de este miércoles concluyeron los registros policiales practicados en el Palau de les Arts de Valencia. La actuación de los agentes comenzó a primera hora de la mañana del martes e incluyó la detención de la intendente del teatro de la ópera, Helga Schmidt, y del exgerente Ernesto Moreno. Ambos han quedado en libertad provisional, imputados por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. A ambos se les ha requisado el pasaporte y tienen que presentarse al juzgado, según la información oficial remitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tiene abierta una causa, como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía en relación con supuestas irregularidades en la gestión del Palau de Les Arts de Valencia entre los años 2008 y 2009, a partir de un informe de la Intervención de la Generalitat.

Según han indicado a Europa Press fuentes del entorno de la exresponsable artística del coliseo, Schmidt se encuentra "muy bien, aunque lógicamente enfadada porque no es normal esta actuación policial desmedida con una información que se conoce desde hace dos años" y que, además, "tiene su origen en un informe de un extrabajador que se fue cabreado y que es el mismo que, en 2007, montó el concurso de la imprenta que origina este lío".

"Nadie puede decir que Helga Schmidt se ha llevado un duro", han defendido las mismas fuentes, que aseguran que "no hay nada ni de blanqueo de capitales ni de comisiones". Para la austriaca, este martes fue un día duro, a partir de la llegada --y posterior registro-- de efectivos policiales a su habitación en el Hotel Las Arenas de Valencia y, a continuación, el traslado al coliseo valenciano y su detención.

La exintendente se acogió a su derecho a no declarar dado que, según las mismas fuentes, "es lo normal hasta no saber de qué se le acusa". Tiene intención de recurrir esta decisión judicial, en la que se le atribuye la comisión de unos delitos que ella niega.

"Lo primero hay que aclararlo todo", insisten desde su entorno, quienes dan por hecho que "las consecuencias de este numerito es que ya no va a venir ninguna gran figura al Palau de Les Arts".

En opinión de estas fuentes, "es muy sospechoso" que la denuncia del fiscal en base al informe de 2010 se produjese apenas unos días después de las informaciones periodísticas sobre esta cuestión, punto en el que han cuestionado esta actuación de la Fiscalía.

La policía ha recopilado ingente información relativa a los contratos y a las adjudicaciones presuntamente irregulares a las que hacía referencia en el informe de la Intervención de la Generalitat que fue trasladado a la Fiscalía Anticorrupción. En dicho informe se aludía a la incompatibilidad de Helga Schmidt en razón de su cargo como adjudicadora de la prestación de unos servicios de búsqueda de patrocinios a una empresa externa (Patrocini de les Arts) en la que ella participaba (entre 2008 y 2009) como consejera. Además, se le atribuye la conculcación de la ley en varias contrataciones. La consejera de Cultura, María José Català, apartó el martes de sus competencias a Schmidt a la espera de la calificación judicial. Al exgerente Ernesto Moreno también se le imputan irregularidades en las contrataciones.

La policía se ha interesado sobre todo por la documentación referida a los años 2008 y 2009. La propia SIndicatura de Comptes, la auditora de la Generalitat, ha puesto, año tras año, de relieve irregularidades administrativas y económicas en la gestión del Palau, sobre todo, entre 2006 y 2012. El juez decretó el secreto del sumario del caso del Palau de les Arts.

El juez practicó el martes cuatro registros: En el domicilio de la intendente del Palau de Les Arts en el Hotel Las Arenas; en el domicilio de quien fuera director de administración (Ernesto Moreno); en el Palau de Les Arts, y en la sede de la mercantil Patrocini de les Arts.

Se acordó la detención judicial de Helga Smidt y Ernesto Moreno, que fueron asistidos por los abogados que designaron, tal como establece la ley, se les tomó declaración. Tras las declaraciones, el juez acordó para ambos libertad provisional, obligación de personación periódica en el juzgado y retirada de pasaporte. La causa está abierta por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad, sin perjuicio de que relación de posibles infracciones penales pueda variar a lo largo de la investigación, concluye la nota del TSJ.

El juez instructor del caso es Vicente Ríos, el mismo que se ha significado por su minuciosa investigación sobre el saqueo a la depuradora pública de Pinedo en el llamado caso Emersa. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el juicio oral para 24 acusados, entre ellos el vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, del PP, y eleva a 24 millones de euros el supuesto expolio.