El fiscal pide 3,8 millones a Calatrava por su puente en Venecia

La Fiscalía italiana solicitó hoy al Tribunal de Cuentas de Venecia (norte) que sancione con el pago de 3,8 millones de euros al arquitecto valenciano Santiago Calatrava y al resto de los responsables técnicos del proyecto de construcción del Puente de la Constitución de la Ciudad de los Canales.

La suma, según recogen medios locales, se entregaría al Estado italiano por supuestos errores en el diseño del puente en concepto de daños y perjuicios. Los otros tres responsables del proyecto son los exdirectores de Trabajos Públicos Roberto Scibilia, Salvatore Vento y Roberto Casarin.

Tras diez años de investigación, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carmine Scarano, estimó este jueves que esa es la cantidad que los acusados deberían abonar para resarcir de los daños ocasionados con la edificación de esta pasarela, que une la plaza de Roma con la estación ferroviaria de Santa Lucía en Venecia.

Sin embargo, "la fiscalía ha aceptado que Calatrava no recibió compensación alguna por su supuesto papel de supervisor de las labores de construcción, sino que desempeñó un papel de colaborador", según aseguró a Efe uno de sus abogados Pierluigi Piselli.

Precisamente, los abogados de Calatrava presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo, que fue rechazado en septiembre, en el que sostenían que el arquitecto había participado en la obra diseñada por él mismo como colaborador y no como supervisor de la construcción y que por tanto no debía ser procesado por el Tribunal de Cuentas, dada la naturaleza de su contrato.

La de hoy ha sido una sesión "particularmente larga", que ha durado más de siete horas y en la que ambas partes, la defensa y la fiscalía, han expuesto sus argumentos al juez del Tribunal de Cuentas de Venecia. Ahora, la Justicia italiana deberá emitir un fallo que se conocerá "previsiblemente en los próximos dos meses", según estimó Piselli.

"Confiamos -prosiguió- en que la Justicia italiana comprenda que no hay errores importantes en el proyecto para así desmontar la tesis de la Fiscalía" de que Calatrava estuvo implicado en el incremento de los costes o en el retraso de la entrega del puente.

Calatrava fue enviado a juicio después de que el fiscal Scarano argumentase la existencia de un crecimiento exponencial de los costes del puente y acusase al arquitecto valenciano y a otros tres ingenieros de "daño" al erario público.

La construcción del conocido como Puente de la Constitución ha estado envuelta en polémica desde los inicios del proyecto y sus costes fueron uno de los asuntos más controvertidos.

En un primer momento se estableció un presupuesto de 3,8 millones de euros (5 millones de dólares), que después se elevó hasta 6,7 millones (8,8 millones de dólares), para acabar costando cerca de 11,2 millones de euros (14,7 millones de dólares).

A las críticas de su elevado coste se sumaron también las polémicas por los retrasos en su construcción y, posteriormente, los numerosos resbalones y caídas de las personas que lo cruzaban, así como la falta de accesibilidad a las personas en sillas de ruedas.

En un comunicado remitido a los medios, la defensa de Calatrava asegura que "el cuarto puente sobre el Gran Canal está en funcionamiento desde hace más de seis años y su comportamiento es el adecuado", y añade que el arquitecto valenciano "considera a este puente como una de sus obras más importantes".