La junta directiva de la SGAE convoca elecciones anticipadas para febrero

Tomasi de Lampedusa no debió de conocer a la SGAE. El escritor italiano falleció hace unos sesenta años, cuando la entidad de gestión de los derechos de autor empezaba su andadura. Sin embargo, el autor de El gatopardo dejó escrita una frase que bien podría ser el lema del organismo: “Cambiarlo todo para que nada cambie”. Así, tras un presidente detenido por la Guardia Civil en 2011 y otro cesado por la junta directiva en 2013, la Asamblea de la SGAE rechazó hace un mes las cuentas de la entidad y así pronunció su no también contra el tercer responsable en tres años, José Luis Acosta. De ahí que el presidente asegurara que convocaría elecciones anticipadas y de eso se encargaría la junta directiva celebrada hoy. Y, en efecto, la reunión ha servido para establecer que la SGAE volverá a las urnas. ¿Cuándo? He ahí un (nuevo) problema.

La junta ha establecido finalmente que las elecciones sean el 26 de febrero, mientras que al principio todo apuntaba a este otoño, es decir, cuanto antes, como pedían aquellos que censuraron a la dirección en la Asamblea. De hecho, el órgano rechazó por mayoría un regreso inmediato a las urnas, la opción escogida por diez de los 39 miembros de la junta directiva, quienes votaron en contra del calendario propuesto por Acosta, según la agencia Efe. También queda convocada una Asamblea extraordinaria para el 26 de enero para solucionar el asunto pendiente de las cuentas rechazadas.

Fuentes críticas con la actual gestión denuncian que los miembros de la junta están intentando aplazar la vuelta a las urnas y “llevárselo todo”. Esos críticos, que consideran ilegítima la dirección y se plantean iniciar una demanda de responsabilidad social contra ella, defienden que tanto el presidente como la junta se están “agarrando a las dietas”, que en algunos casos superan los 60.000 euros. Al fin y al cabo, un exmiembro de la entidad explicaba que la estrategia consiste en “crear confusión para que se prorroguen los tiempos y se mantenga el estatus quo”.

Pero no solo. El encuentro ha vuelto también a poner encima de la mesa uno de los asuntos más calientes —y eso que hay muchos— que afectan a la entidad. La junta finalmente ha rechazado la venta de dos teatros de la Gran Vía madrileña (el Lope de Vega y el Coliseum), que forman parte de la red Arteria, una serie de inmuebles que la SGAE adquirió en épocas de vacas gordas y de la que el Ministerio de Cultura le ha exigido que se deshaga antes de 2016.

La operación llegó a estar prácticamente concluida a cambio de 58 millones de la compañía holandesa Stage, un precio que varios miembros consideraban apropiado —la SGAE los pagó 81 millones—, teniendo en cuenta el mercado y la compleja situación financiera de la entidad. Sin embargo, la venta fue suspendida en el último momento por el vicepresidente —y aún así principal opositor— José Miguel Fernández Sastrón, quien exigió más informes y que la decisión pasara por la junta directiva, al considerar el precio demasiado bajo. Así ha sido, y tras una votación muy ajustada -acabó en empate, así que el voto en contra de Acosta fue determinante- el órgano de Gobierno ha dado su no a la venta, que había sido aprobada anteriormente por el patronato de la fundación Sgae. Por tanto, la entidad escoge quedarse a la espera y confiar en que llegue una oferta mejor.

La junta retomará la venta de los teatros de Gran Vía, de los que el Ministerio les obliga a deshacerse antes de 2016

Por si no fuera suficiente, mañana el Consejo de Dirección de la Sgae promete ofrecer otro capítulo de esta House of cards en salsa española. El organismo propondrá, según algunas fuentes, la modificación de las franjas de las tarifas televisivas, atacando uno de los mayores avisperos de la entidad: el objetivo es mejorar la recaudación de los músicos cuyas canciones se emiten en horas de máxima audiencia y rebajar la que cobran los autores de los temas que solo se escuchan de madrugada.

Lo cierto es que las exorbitantes recaudaciones de una docena de músicos —bautizados como la Rueda— por los derechos de las canciones que acompañan los programas emitidos en la televisión de madrugada son fuente de guerras y polémicas desde hace dos años. Tanto que Anton Reixa, el antecesor de Acosta en la presidencia, quiso acabar con ellos y terminó derrotado.

El truco, legal eso sí, consiste en proveer a las cadenas de televisión con temas para los programas de madrugada o videoclips roqueros que se emitan a la misma hora. Ya que la música en directo —piensen en los pianistas que tocan de fondo en los programas nocturnos— se paga más y las televisiones proporcionan poco más de la mitad de los ingresos de la SGAE, el resultado son recaudaciones millonarias. Tanto que las cadenas acabaron creando sus propias productoras para registrar parte de la música que emiten. Así, el 50% de los derechos de esos temas recae precisamente en los bolsillos de la televisión, mientras que la otra mitad se reparte entre el compositor y sus intermediarios.

El reparto millonario tiene más consecuencias: ya que en la SGAE los socios que más recaudan cuentan con más votos, el dinero supone también mucho poder. Contra ese sistema ya Reixa, cuando aún era presidente, estableció descuentos en las tarifas de dos cadenas televisivas para los programas de la franja nocturna. La medida fue criticada por varios socios de la entidad por la disminución de la recaudación que supuso. Ahora, sin embargo, se acerca otra modificación, mayor. Podría cambiarlo todo. O, ya saben, nada.