¡A por los piratas (y los usuarios)!
Miembros de la industria cultural piden una lucha más efectiva contra las descargas ilegales y critican la reforma de la ley de Propiedad Intelectual en un encuentro en Madrid
Ya no se cubren un ojo con una venda negra. Ni tampoco llevan un loro en el hombro. Pero los piratas siguen haciendo lo que mejor se les da: desvalijar. Hasta han ampliado su abanico de rapiñas: de los navíos y el mundo físico han lanzado sus negocios hasta el cine, la literatura y la música en Internet. Así lo viene lamentando la industria cultural, que desde hace años ha convertido a los piratas informáticos en su enemigo público número uno. Y así lo han confirmado varios exponentes del sector esta mañana en Madrid en una conferencia titulada ¿Cuál es el marco de regulación de los derechos de autor en la era digital?,en un encuentro organizado por la multinacional de la comunicación Bertelsmann.
“Por plagiar un libro, un ministro en Alemania llega a dimitir. Y sin embargo si alguien se aprovecha en Internet de una obra creada por otro recibe cierta simpatía social”, se quejaba José Manuel Gómez Bravo, presidente del Observatorio Internacional de Propiedad Intelectual y Director de Propiedad Intelectual del Grupo Prisa, editor de EL PAÍS. “Lo que hay es falta de respeto hacia los artistas. Tiene que ser lícito ser creador”, añadía Daniela Bosé, directora general de BMG España.
La industria, que parece excluir a priori toda autocrítica, achaca la piratería a un problema de educación así como a la falta de recursos para combatirla. Precisamente para ello debería servir el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que aprobó el Consejo de Ministros y que ahora está siendo debatido en el Parlamento. Aunque el condicional es una obligación, ya que muchos sectores del mundo cultural no parecen especialmente convencidos. Y además justo hoy la ley ha sufrido las críticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ataca la llamada tasa Google, una de las novedades de la normativa.
“No estamos de acuerdo con este anteproyecto: si no se dotan de recursos humanos y económicos los organismos que han de luchar contra la piratería no va a llegar a nada. Parece más bien un parche a la anterior ley, jurásica, de 1996”, defendía Bosé. Entre otras cosas, el texto refuerza la batalla contra las llamadas páginas de enlaces, aquellas que ofrecen a los usuarios un acceso rápido a otras webs, de descargas, que a su vez proporcionan de manera ilegal el contenido cultural sujeto a derechos de autor. Sin embargo, al menos a juzgar por el tono de las ponencias de esta mañana, parte de la industria reivindica que la ley persiga no solo a quién ofrece ese contenido sino que también sancione al usuario que lo disfruta. “No estamos buscando un cobro, sino que la gente entienda que lo que hace es ilegal. Creemos que la forma más eficaz de que ocurra es que afecte a los bolsillos”, terció Luis Elías, secretario general del grupo Planeta.
En realidad, Elías hizo hincapié también en otra herramienta que podría beneficiar a los creadores. Bautizada como Follow the money (sigue el dinero), consiste en una suerte de pacto entre las empresas para que priven de su publicidad a todas aquellas web que estén incluidas en una lista de páginas ilegales. El asunto, sin embargo, no es tan sencillo. Ante todo, ¿qué páginas estarían en esa lista y según qué criterios? Y además, según Elías, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pondría trabas al proyecto: “Si las empresas llegaran a ese acuerdo serían consideradas como un cartel y correrían el riesgo de ser sancionadas. Los exponentes de la industria tenemos muchas más limitaciones que una persona que ofrece contenido ilegal online”.
“Muchos usuarios parecen tener la visión de que si algo no está disponible tienen el derecho a conseguirlo de manera ilícita. Y lo ilegal se ha desarrollado más de prisa que lo legal”, aseguró Michelle Woods, directora de la división de Derechos de autor en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Aun así, Bosé afirmaba que la oferta legal, al menos en el ámbito de la música, ya ha crecido lo suficiente –“hay 21 millones de canciones online”- como para que si el usuario decide no pagar por ese servicio es “porque no quiere”.
Gómez Bravo pidió una “armonización europea” en esta batalla y, entre tantos sectores afectados, recordó uno más: el fútbol y su retransmisión. “Si todo el mundo conoce Rojadirecta [una página de streaming no autorizado de eventos deportivos] habrá que abordar ese tema. No entiendo por qué queda excluido del debate sobre la defensa de la propiedad intelectual”.
Babelia
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