Solo el Tribunal Constitucional podrá decidir sobre la vuelta de los toros a Cataluña

La futura ley taurina que sea aprobada por el Parlamento español a raíz de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) admitida a trámite el pasado 12 de febrero "ejercerá una protección muy fuerte sobre la tauromaquia, impedirá que el espectáculo taurino se pueda prohibir en otras comunidades autónomas y no supondrá la derogación del acuerdo del Parlament de Cataluña que prohibió la celebración de festejos en ese territorio".

Esta es la opinión expresada por fuentes parlamentarias del Partido Popular, que insisten en que una ley de este tipo facilitará una sentencia favorable del Tribunal Constitucional al recurso presentado por el partido del Gobierno contra la prohibición catalana.

Las mismas fuentes coinciden con Fernando Benzo, subsecretario del Ministerio de Cultura, en que la ILP será aprobada en el próximo mes de octubre si se cumplen los plazos establecidos. De momento, el próximo miércoles está convocada la Mesa de la Comisión de Cultura; posteriormente, se procederá a las comparecencias de prestigiosos juristas expertos en la materia -no toreros ni otros representantes del sector taurino-; a primeros de septiembre se someterán a votación las distintas enmiendas y el texto resultante pasará al Senado, donde podría quedar aprobado definitivamente en la fecha anunciada.

El texto de la futura ley está siendo redactado por técnicos del Ministerio de Cultura, y nadie oculta que su contenido está cargado de complejidad jurídica y política. Aunque no está confirmado, parece que el documento que se presentará en la Comisión de Cultura será una refundición entre el contenido de la ILP y el Plan Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia que el Ministerio de Cultura se ha comprometido a pone en marcha.

Las fuentes consultadas se limitan a afirmar que la ley "hará una definición fantástica de la fiesta de los toros", aunque no se pronuncian sobre si la nueva norma recogerá la declaración de los toros como Bien de Interés Cultural (BIC).

Ya se sabe que esta decisión produciría una cascada de recursos de inconstitucionalidad de las comunidades autónomas, pues la nueva ley no derogaría las competencias exclusivas en materia taurina que aquellas poseen.

De ahí se desprende que la entrada en vigor de la norma no supondría la vuelta de los toros a Cataluña, principal objetivo de la ILP.

Por otra parte, no está claro que el Tribunal Constitucional se pronuncie contra la prohibición catalana, como pretende el PP; si así fuera, se crearía un problema político de desconocidas consecuencias en un momento tan delicado como el actual en las relaciones entre Cataluña y el gobierno central.